Con motivo de las informaciones que apuntan a que el Gobierno de Pedro Sánchez baraja para 2024 implementar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, la explotación de las mismas se ha situado en el epicentro del debate público. Y es que, la liberalización de las autopistas de peaje que comenzó hace dos años, en 2018, continúa su camino y se estudia ahora cómo financiar los tramos que levantan su barrera.
En diciembre de 2018 pasaron a engrosar la red de carreteras públicas la AP-1, la AP-4 y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona. Y en septiembre de este año harán lo propio la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell y a la AP-7 entre Tarragona y la Junquera, tal y como ha confirmado en el Senado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
En total, serán 474 kilómetros liberalizados, esto es, sin peaje. Su gratuidad comenzará el 1 de septiembre, tras vencer el contrato de concesión.
Según el propio Ábalos, “más de 13 millones de vehículos van a dejar de pagar 500 millones de euros cada año por su uso”.
En concreto, dejarán de ser de pago dos nuevos tramos de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera (Gerona) y entre Montmeló y el Papiol, la autopista AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (Zaragoza-El Vendrell), la C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y la C-33 (Barcelona-Montmeló), que serán competencia de la Generalitat de Catalunya.
Cómo financiar las carreteras
Con la liberalización de estas carreteras se abre un melón importante: cómo financiarlas. El Gobierno socialista ya ha propuesto que los usuarios paguen por el uso de todas las vías, una iniciativa que ya valoró el PP cuando Ana Pastor era ministra de Fomento.
"A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras", dijo Ábalos en noviembre de 2020.
