"Ineficaz y desastroso". Así describe un estudio que han elaborado investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid el sistema que tenemos en España para la reparación económica de las víctimas de delitos sexuales, y denuncia, además, falta de interés por parte del Estado para compensar a esas víctimas con ayudas públicas.

Helena Soleto, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid, es la investigadora principal de este trabajo que se enmarca en el proyecto internacional Faircom, que, bajo la coordinación de la Carlos III, acoge la labor de universidades y organizaciones de apoyo a las víctimas de España, Grecia, Países Bajos, Letonia e Italia. Un consorcio internacional que persigue mejorar el "deficitario" sistema actual en cada país mediante el diagnóstico de los obstáculos legales y organizativos que impiden a las víctimas reclamar y acceder a su derecho a tener una reparación económica efectiva.

De acuerdo con los datos del estudio, en nuestro país las víctimas de la violencia sexual son normalmente mujeres -en un 80 por ciento de los casos-. En el caso de los hombres, la mayoría de las víctimas son niños. Los delitos más graves en este territorio son el abuso, la agresión sexual y la trata de seres humanos con fines de prostitución.

La Agencia Efe ha publicado que las investigadoras han utilizado técnicas de "minería de datos" (big data) para cosechar la información, actualizar los datos y obtener evidencias científicas antes de interpretar los resultados y definir las conclusiones. Así, el estudio ha analizado si la reparación económica a las víctimas de violencia sexual es eficaz a través de dos mecanismos: por un lado el pago de las indemnizaciones establecidas en las sentencias condenatorias, y por otro las ayudas directas otorgadas por el Estado a las víctimas. Y del proceso han deducido que, si bien la reparación económica a las víctimas de violencia sexual está regulada en España por una norma de 1995, las compensaciones económicas de las víctimas de violencia sexual son "muy pocas": en algunos ejercicios, el número de víctimas se reduce a ocho, y en la mayoría de los casos esas ayudas solo sirven para pagar un tratamiento terapéutico, sin superar los 800 euros.