Hace tiempo que la industria del carbón agoniza en España. Según un análisis del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), el número de trabajadores de la minería ha pasado de casi 30.000 en 1994 a poco más de 2.000 en octubre de 2018. Cuatro años antes, en 1990 el número de trabajadores llegaba a los 45.000. La caída de la producción también ha sido drástica y su valor representó en 2016 sólo el 2,9 % del total del sector minero y un 0,007 % del PIB nacional. En menos de tres décadas, han cerrado 130 explotaciones de carbón en España y han pasado de 146 a principios de los años 90 a las doce que había al finalizar 2017, según los últimos datos disponibles.

Y 2019 comienza en España sin minería de carbón. El pasado 31 de diciembre era la fecha tope para que las explotaciones que recibieron ayudas para el fin de su actividad las devolviesen si querían continuar extrayendo carbón, pero sólo dos empresas expresaron tal intención. Son Samca, en Ariño (Teruel) e Hijos de Baldomero García, en Caboalles de Arriba (León), pero según dijo el pasado miércoles el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se están “explorando mecanismos y planes” para la devolución de ayudas que exige la UE.

La supervivencia de las minas de carbón en los últimos años ha dependido de las ayudas al cierre concedidas en el marco de la Decisión 2010/787 de la UE, que estableció que las explotaciones no competitivas podrían recibir subvenciones para cubrir las pérdidas de la producción corriente y costes excepcionales, a cambio de cerrar, como muy tarde, en diciembre de 2018.

En Asturias CCOO y UGT han alcanzado un principio de acuerdo con la empresa pública Hunosa que contempla el mantenimiento de la actividad en el pozo San Nicolás y la clausura de los de Carrio y Aller en un plazo de dos años.

Asturias es, junto a las comunidades de Castilla y León y Aragón, la más afectada por el fin de la minería del carbón, pues, de las doce explotaciones que había abiertas a finales de 2017, ocho estaban situadas en esa región, mientras que en Castilla y León y Aragón había dos en cada una. Además, de los alrededor de 2.000 mineros que quedaban en España en octubre de 2018, casi el 80 % (1.615) trabajaba en Asturias y el resto en Castilla y León (320 mineros) y Aragón (89).

Para buscar una salida a esas zonas, con gran dependencia de la minería del carbón, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de diciembre un real decreto ley de medidas urgentes para una transición justa, que incluye destinar 100 millones de euros en 2019 a políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático, prejubilaciones, bajas incentivadas y la creación de una bolsa de trabajo.

La cercanía de los yacimientos hizo en su día que se instalarán en las comarcas mineras centrales de generación eléctrica con carbón, que ahora se ven amenazadas por la decisión de grandes grupos eléctricos de cerrarlas. Iberdrola ya solicitó hace más de un año el cierre de las centrales de Lada (Asturias) y de Velilla, en Palencia; mientras que Endesa, junto a Naturgy, ya ha obtenido autorización para cerrar la de Anllares, en León. Endesa también ha solicitado recientemente los cierres de la centra térmica de Compostilla, también en León, y la de Andorra (Teruel).


No sólo España está inmersa en planes de cierre para las minas de carbón, también Polonia, Rumania y Alemania, país este último donde el pasado 21 de diciembre se clausuró el pozo de Bottrop, el último que seguía funcionando en la cuenca del Ruhr.