El caso de Daniel Sancho continúa dando giros inesperados. El chef sigue preso en la cárcel tailandesa de Koh Samui por el presunto asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta. Su proceso legal, a la espera de juicio, se encuentra inmerso en una senda truculenta, máxime después de las recientes y controvertidas declaraciones de sus abogados a la prensa.

El despacho Chippirrás-Balfagón, que se encarga del caso desde agosto, han denunciado importantes "irregularidades" que, presuntamente, hubo en la investigación y procesamiento del joven por parte de la Policía tailandesa.

De acuerdo con el equipo de letrados del español, a Daniel Sancho se le prometió una deportación a España en un plazo de 48 horas si aceptaba a colaborar con la investigación. "Por eso él accede y declara desde el minuto uno lo que había pasado", explican desde el despacho. Carmen Balfagón, una de las letradas, expone que Sancho nunca confesó haber asesinado a Arrieta, sino que "hubo una pelea" y que Sancho le agredió "para defenderse porque el médico había intentado violarle". De esa pelea, de acuerdo con los abogados, "se dio el fallecimiento de la víctima". "Él llega a firmar una orden de deportación, pero las órdenes de deportación en Tailandia las firma el ministro del Interior, no la Policía. Es un tema gravísimo", ha argumentado la abogada.

Fuertes ataques contra la Policía de Tailandia

Todas las quejas del equipo legal de Sancho están dirigidas contra la Policía tailandesa. "[La policía] no tenía ni capacidad legal ni jurídica para presentar la orden de deportación. Evidentemente, si creemos que nos van a devolver a España confesamos lo que sea, él incluido", defienden.

A su vez, Balfagón también denuncia que la policía cambió la declaración de Sancho al transcribirla y que el presunto asesino firmó, engañado, documentos en tailandés. "Daniel nunca confesó que había matado a Edwin Arrieta. Tenemos las pruebas y os lo puedo asegurar. Solo confesó, y por eso colaboró, que lo había desmembrado", ha señalado la letrada. "Lo desmembró con los instrumentos que había comprado para grabar un vídeo de cocina en el hotel, y de eso también se aportarán pruebas en el juicio", ha añadido.

En la misma senda de quejas contra el cuerpo policial, los abogados denuncian que no se respetase un derecho fundamental de Sancho, como es el de elegir su abogado. El español fue asignado uno de oficio, de origen tailandés, y se comunicaba con él en inglés (un idioma que, de acuerdo con su defensa, habla "de andar por casa").

El otro letrado de Sancho, Marcos García Montes, que ha tomado la palabra en segundo lugar en la rueda de prensa, ha aseverado que no tienen ningún problema con el fiscal de la causa y con el juez, y que están satisfechos con su actuación. "Estas irregularidades se traducen en pruebas ilícitas porque, si se le engaña, lo que venga posteriormente no tiene ningún valor procesal", ha añadido. La primera demanda del despacho consistirá en anular las actuaciones policiales por haber vulnerado la normativa de derechos humanos, tanto en la privación de elección de abogado como en la presunta mentira en la deportación a España. 

"La Sección 289 del código penal tailandés habla de asesinato con premeditación y el 290 de la muerte con lesiones, homicidio simple, que tiene una pena de entre 3 y 15 años", ha explicado García Montes para dejar patente lo que cambia la pena en el caso de poder demostrar que el fallecimiento se produjo como consecuencia directa de la pelea. "Desde el punto de vista mediático, es muy jugoso hablar del descuartizamiento, pero este es un delito de profanación de cadáveres que no tiene nada que ver con los anteriores. Produce reproche, pero no tiene que ver nada con la calificación de asesinato u homicidio", ha apostillado el abogado.

Falta de documentos legales y otros problemas

Por otra parte, García Montes también ha puntualizado que la defensa ha sido muy complicada de ponerse en marcha, debido a que no han dispuesto de los documentos necesarios para llevarla a cabo. Ahora, que ya sí los tienen en su poder, ha sido cuando han querido denunciar las presuntas irregularidades sufridas por Sancho. "El sistema judicial tailandés funciona bien y es respetuoso con los derechos humanos", han señalado los abogados, incidiendo en que no tienen ningún problema con el sistema legal del país, sino simplemente con la Policía y con sus actuaciones.

Otros problemas denunciados por el equipo legal han sido el nombramiento de una traductora que ni siquiera sabían si era jurada, que el segundo abogado tailandés no iba a visitar a su cliente a la prisión, por lo que fue cesado, o que se presentó un abogado acompañado por la policía ofreciéndose para garantizarle la cadena perpetua si confesaba, entre otros.