El gran negocio universitario ya no puede fingir que es amateur

Un jugador universitario de fútbol americano puede tener agente, cobrar por utilizar su imagen, firmar acuerdos comerciales con empresas, entrar en el mercado de transferencias y cambiar de universidad. Y, desde 2025, determinadas universidades pueden pagarle directamente como parte de un nuevo sistema de reparto de ingresos. Puede hacer casi todo aquello que durante décadas sirvió para distinguir a un profesional de un amateur. Hay una palabra, sin embargo, que el deporte universitario estadounidense todavía intenta evitar: empleado. Y otra que cada vez resulta más difícil sostener: amateur.

En septiembre, esa contradicción llegará al Senado de Estados Unidos. La Cámara Alta tiene pendiente el Protect College Sports Act, una propuesta bipartidista que pretende construir por fin un marco federal para un ecosistema económico que durante los últimos cinco años ha cambiado más que durante buena parte del siglo anterior. El proyecto salió el pasado 18 de junio del Comité de Comercio del Senado por 19 votos a 9 y, después de nuevas modificaciones negociadas durante el verano, el líder de la mayoría, John Thune, inició en agosto el procedimiento para llevarlo al pleno.

Entre otras medidas, la ley quiere fijar reglas nacionales para los contratos de nombre, imagen y semejanza —NIL, por sus siglas en inglés—, regular agentes, transferencias y elegibilidad, proteger becas y atención sanitaria y limitar determinadas formas de pago asociadas a las universidades. El texto revisado puede consultarse en el Comité de Comercio del Senado. Pero debajo de todos esos artículos jurídicos hay una pregunta mucho más sencilla: ¿qué queda del amateurismo cuando el jugador ya participa del negocio?

Todos podían ganar dinero menos ellos

Durante décadas, el modelo consiguió hacer convivir dos realidades aparentemente incompatibles. Por un lado estaban las universidades, las conferencias, las cadenas de televisión, los patrocinadores, los entrenadores, los fabricantes de equipaciones y los estadios llenos con más de 100.000 personas. Por otro estaban los jugadores. La industria podía ser enorme. Ellos debían seguir siendo amateurs.

El argumento oficial de la NCAA era conocido: el deportista universitario no era un empleado, sino ante todo un estudiante. Su compensación fundamental consistía en la beca, la formación académica, el alojamiento, la manutención y todos los servicios derivados de pertenecer a un programa deportivo. El problema comenzó cuando el dinero alrededor del jugador creció hasta hacer cada vez más difícil mantener aquella separación.

Los entrenadores podían ganar varios millones de dólares al año. Las principales conferencias podían negociar contratos televisivos multimillonarios. Las camisetas, videojuegos, fotografías y retransmisiones podían convertir el cuerpo y el nombre de un estudiante en un producto comercial. El único participante cuya capacidad para monetizar ese producto estaba severamente limitada era precisamente quien aparecía en él.

Durante años, la NCAA defendió esa restricción como parte de aquello que diferenciaba al deporte universitario del profesional. Hasta que los tribunales comenzaron a desmontar la lógica. El punto de ruptura llegó en junio de 2021, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló por unanimidad contra la NCAA en el caso NCAA v. Alston, al considerar ilegales determinadas restricciones sobre beneficios educativos para los atletas.

La sentencia no eliminó por sí sola todas las reglas de compensación, pero abrió una grieta extraordinariamente importante. En una opinión concurrente que terminaría convirtiéndose casi en una advertencia, el juez Brett Kavanaugh dejó claro que las restantes restricciones económicas de la NCAA también planteaban importantes problemas bajo las leyes antimonopolio. 

Pocos días después ocurrió algo que durante décadas habría parecido incompatible con la propia idea de deporte universitario. Desde el 1 de julio de 2021, los atletas pudieron empezar a cobrar por su nombre, imagen y semejanza. La NCAA suspendió sus antiguas restricciones y permitió que los jugadores firmaran patrocinios, realizaran campañas publicitarias, monetizaran redes sociales o cobrasen por apariciones públicas. La propia NCAA conserva la cronología y las reglas del cambio.

El atleta seguía sin cobrar oficialmente por meter un touchdown, pero ya podía cobrar porque todo el mundo supiera quién había metido ese touchdown. La frontera empezaba a resultar bastante fina.

De vender tu imagen a cobrar de tu universidad

El NIL fue presentado inicialmente como una manera relativamente sencilla de corregir una anomalía. Si cualquier estudiante podía cobrar por aparecer en un anuncio, gestionar un canal de YouTube o promocionar una marca en Instagram, ¿por qué un jugador de baloncesto debía perder ese derecho simplemente porque competía para su universidad?

En teoría, el NIL no era salario. Tampoco era pago por jugar. Era el reconocimiento de que un atleta seguía siendo propietario de su propia imagen. Pero el mercado tardó poco en expandirse mucho más allá de aquella explicación. Aparecieron los llamados colectivos NIL, organizaciones ligadas al entorno de determinadas universidades que reunían dinero de aficionados, empresas y grandes donantes para financiar acuerdos con jugadores.

Los contratos empezaron a convertirse también en herramientas de captación y retención de talento. Sobre el papel, pagar a alguien únicamente para fichar por una universidad seguía estando prohibido. En la práctica, la distancia entre “te pagamos por tu imagen porque juegas aquí” y “te pagamos para que juegues aquí” se hizo cada vez más difícil de determinar.

Y entonces llegó el cambio definitivo. En junio de 2025, una jueza federal aprobó el acuerdo del caso House v. NCAA, una resolución histórica que incluyó alrededor de 2.800 millones de dólares en compensaciones y permitió a las universidades comenzar a repartir directamente parte de sus ingresos con los atletas. En el primer año, los centros participantes pudieron destinar aproximadamente 20,5 millones de dólares a pagos y beneficios para sus jugadores.

La propia NCAA reconoció que el nuevo sistema permitía a las universidades proporcionar directamente beneficios financieros a los deportistas y establecía un límite equivalente inicialmente al 22,5% de determinados ingresos deportivos. Las nuevas normas quedaron incorporadas a la legislación de la NCAA. Eso cambió la naturaleza de la discusión.

El jugador ya no recibía dinero únicamente de Nike, de un concesionario local o de un empresario aficionado al equipo. Podía recibirlo de su propia universidad. Y cuando quien te selecciona, entrena y pone en el campo también empieza a pagarte, la palabra amateur comienza a necesitar demasiadas notas a pie de página.

La factura escondida del nuevo reparto

Durante muchos años, el debate parecía tener un reparto sencillo de papeles. La NCAA defendía las restricciones. Los atletas reclamaban una parte mayor del dinero. Permitirles cobrar parecía el final de la historia. Ha resultado ser el principio.

Porque el deporte universitario estadounidense no consiste únicamente en el fútbol americano y el baloncesto masculino que generan grandes audiencias televisivas. Los departamentos deportivos también mantienen programas de natación, gimnasia, atletismo, lucha, remo, tenis, voleibol o hockey, muchos de ellos incapaces de generar por sí solos ingresos suficientes para sostener su estructura.

Buena parte de esos programas se han financiado tradicionalmente dentro de un sistema en el que los deportes más rentables ayudaban a pagar los menos rentables. Por eso la nueva pregunta es incómoda: si una parte creciente del dinero del fútbol americano debe ir directamente a los jugadores de fútbol americano, ¿qué ocurre con quienes practicaban deportes financiados indirectamente por ese dinero?

La cuestión resulta especialmente importante para el deporte femenino y para las disciplinas olímpicas. Según datos citados por defensores de estos programas, alrededor del 75% de los miembros estadounidenses de equipos olímpicos pasan por el sistema universitario. Precisamente por eso han aumentado las advertencias sobre el riesgo de que la nueva presión financiera termine afectando a disciplinas que generan poco dinero pero tienen un enorme peso en el modelo deportivo estadounidense.

El propio Protect College Sports Act intenta responder a esa inquietud. El proyecto incluye protecciones destinadas a dificultar la eliminación de determinados programas femeninos y olímpicos y presenta la preservación de esos deportes como uno de sus objetivos centrales. Ahí aparece la paradoja más interesante de todo el proceso.

Durante décadas, se utilizó el bienestar del conjunto del deporte universitario como argumento para no pagar directamente a quienes producían una parte sustancial de los ingresos. Ahora que esos atletas han conseguido acceder a una parte mayor del negocio, el sistema teme que repartirlo pueda poner en peligro al resto. El debate ya no es solo sobre justicia. Es sobre distribución.

Un club profesional con bibliotec

Para entender la magnitud del cambio hay que abandonar por un momento el lenguaje de la NCAA y mirar simplemente cómo funciona hoy una gran potencia universitaria. Recluta jugadores, tiene entrenadores con contratos millonarios, llena estadios gigantescos, vende derechos televisivos, gestiona patrocinios, invierte enormes cantidades en instalaciones, compite con otras instituciones por conseguir y retener talento, acepta que sus deportistas tengan agentes y dispone de un mercado de transferencias que cada temporada mueve miles de jugadores entre universidades.

También permite que sus atletas obtengan ingresos comerciales y puede pagarles directamente. Leído sin utilizar la palabra college, resulta difícil distinguir algunos elementos de ese modelo de los de una organización deportiva profesional. La diferencia fundamental sigue estando en el estatus jurídico del jugador.

El Protect College Sports Act intenta preservar precisamente esa frontera. Sus impulsores sostienen que el objetivo es proteger económicamente al atleta sin convertir el deporte universitario en deporte profesional. No es una frase menor, porque implica aceptar que el jugador puede recibir dinero, negociar determinados derechos económicos y generar obligaciones financieras para su universidad sin que eso deba convertirlo necesariamente en un trabajador de esa universidad.

Profesionalizar la economía sin profesionalizar jurídicamente al deportista. Esa podría ser la gran apuesta del Congreso. Y también su mayor contradicción. Si los atletas fueran reconocidos plenamente como empleados, podrían abrirse debates sobre negociación colectiva, salarios, convenios, derechos laborales, sindicatos o indemnizaciones que alterarían todavía más el modelo.

Por eso la batalla por las palabras importa. No se está discutiendo solamente cuánto cobra un quarterback. Se está discutiendo qué es ese quarterback cuando cobra.

El Congreso intenta cerrar una puerta que lleva años abierta

La intervención federal tiene además otra explicación: el sistema actual es extraordinariamente difícil de controlar. Durante los últimos años han convivido leyes estatales diferentes, normas de la NCAA, resoluciones judiciales, acuerdos privados, colectivos NIL, mercados de transferencias y universidades con capacidades económicas muy distintas.

El resultado ha sido una especie de profesionalización sin convenio colectivo. Un mercado que existe antes de que exista un marco definitivo para gobernarlo. Por eso los defensores del proyecto utilizan insistentemente una palabra: estabilidad.

La versión revisada del Protect College Sports Act pretende crear un estándar nacional para acuerdos NIL, endurecer los controles sobre pagos vinculados indirectamente a las universidades, regular a determinados agentes y establecer un límite más rígido al reparto de ingresos. El texto también incorpora garantías sobre becas y atención sanitaria. El Senado puede modificar los detalles, aprobar la ley o atascarla, reforzar unos derechos y restringir otros. Lo que difícilmente podrá hacer es devolver el sistema a 2020. Esa universidad ya no existe.

El mito era también un modelo económico

Durante mucho tiempo, hablar del amateurismo universitario evocaba una idea casi romántica: el estudiante que representaba a su campus, las rivalidades centenarias, el sábado de fútbol americano, las bandas de música, las mascotas, los pabellones llenos y una identidad deportiva supuestamente distinta de las ligas profesionales.

Todo eso continúa existiendo. Pero cada vez resulta más evidente que el amateurismo no era solamente una tradición. También era una forma concreta de repartir el dinero. Permitía que una industria enormemente comercial mantuviera limitado el acceso directo de sus protagonistas a buena parte de los ingresos que ayudaban a producir.

Cuando esa restricción empezó a desaparecer, apareció el temor a que desapareciera con ella todo el ecosistema. Puede que sea cierto que algunos programas sufran, que determinadas universidades no puedan competir económicamente, que haya deportes obligados a encontrar nuevas fuentes de financiación o incluso que el Congreso necesite intervenir para impedir que el mercado reduzca el deporte universitario a aquello que genera televisión y grandes contratos.

Pero esas consecuencias no cambian la pregunta de fondo. La hacen más difícil: ¿puede seguir llamándose amateur un deporte que necesita una ley federal para determinar cómo se reparten millones de dólares entre sus jugadores?

El Senado intentará contestarla en septiembre. La NCAA lleva décadas intentando no hacerlo. Durante más de un siglo, el deporte universitario estadounidense defendió el amateurismo explicando cuánto dinero no podían recibir sus atletas. Ahora intenta conservarlo estableciendo cuánto dinero sí pueden cobrar. Quizá el verdadero cambio no sea que los universitarios hayan empezado a ganar dinero. Es que el gran negocio que siempre existió alrededor de ellos ya no puede seguir fingiendo que no lo era.