Sumar ha presentado este lunes una batería de exigencia de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. La vivienda es la materia que agrupa más propuestas, pero entre ellas destaca la prohibición temporal de compra de vivienda en zonas tensionadas si esta no se destina a su uso habitual o al alquiler asequible. Es decir, capar la “compra de viviendas destinadas a la especulación” en aquellas localidades donde los precios están más disparados. “Es fundamental para bajar el precio”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado esta y otras medidas para combatir la crisis que impide que en España la juventud “pueda alquilar y vivir con dignidad a la vez”. “Esto se tiene que acabar”, ha trasladado la principal personalidad de los magentas. Sobre el problema competencial que podría suponer la propuesta, al estar la materia delegada a las comunidades autónomas, ha asegurado que esta se podría aplicar con “cumpliendo el constitucional” y “respetando las competencias”.

Impuestos a los pisos turísticos

Sumar ha depositado otro de los focos en los pisos turísticos, para los que pide una fiscalidad más dura con el objetivo de desincentivar su proliferación y perseguir a los constituidos de forma ilegal. Así, los de Díaz solicitan elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos para recortar "drásticamente" su rentabilidad, haciendo que tributen al 21% de IVA y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprima en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas. 

La formación también apuesta por revisar la fiscalidad de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) para fomentar el alquiler permanente, obligar a las plataformas de alquiler turístico a facilitar información para garantizar el cumplimiento de la normativa y regular el alquiler de temporada y por habitaciones. En la misma línea, los magentas plantean que el contrato indefinido sea la relación contractual por defecto para los arrendamientos, estableciendo un régimen sancionador para posibles infractores.

"Hay un problema que es la centralidad, a día de hoy, de la desigualdad. Se llama vivienda. Es el derecho fundamental que no se está protegiendo. El 50% de las personas que tienen un contrato de arrendamiento en nuestro país tienen riesgo de acabar en la exclusión social", ha denunciado la titular de la cartera de Trabajo. Además, Día ha propuesto un tope a las viviendas en alquiler en zonas tensionadas que limitaría el precio al 30% de la renta de los hogares que alquilan

Gran inversión en vivienda pública

Para un abordaje a medio largo plazo, el socio minoritario aboga por destinar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) anual a la inversión en parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. Su financiación durante los primeros años correría a cargo de un fondo estatal dotado con 40.000 millones procedentes de créditos blandos derivados de los fondos europeos. Este fondo tendría como objetivo condicionar a ayuntamientos y comunidades autónomas, pero se redistribuiría en caso de no ser utilizado y estará condicionado al desarrollo de diversas actuaciones.

Sumar quiere además que esta legislatura se construyan 500.000 viviendas de alquiler social de entre 400 y 600 euros en aquellas zonas tensionadas donde la movilización de la vivienda vacía sea insuficiente; y cambiar el objeto social de la Sareb con el fin de emplear preferentemente sus activos en la creación del parque público de vivienda para el alquiler asequible.