La negociación y aprobación de la segunda parte de la reforma de pensiones continúa demorándose, a pesar de que el compromiso adquirido con Bruselas para la percepción del tercer desembolso de fondos europeos establecía un límite temporal ya caduco, el 31 de diciembre de 2022. Los tiempos que presionan al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, parecen no agilizar la negociación con los agentes sociales que, como ha asegurado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, “se abordará en los próximos meses, ya que, el acuerdo no es inminente”.
La parte sindical mantiene su posición, contraria al aumento del periodo de cómputo del cálculo de las pensiones que la Seguridad Social pretende elevar de los 25 años actuales a los 30. El aumento sería progresivo, arrancando en 2027 con un incremento de cinco meses que se iría repintiendo año tras año y pudiendo elegir los 28 mejores años del periodo, lo que no consigue hacer ceder a los sindicatos. “Esta segunda parte tiene que ver con la necesidad de reequilibrar el sistema de financiación de la Seguridad Social”, ha recordado Álvarez, que ha exigido que el ajuste sea “equilibrado”.
La consecución de un acuerdo dependerá de la posición que asuma el Ministerio de Seguridad Social”, ha trasladado el líder sindical. Sobre el argumentario apoyado en el cumplimiento de las exigencias europeas y la igualación con economías del entorno español, el secretario general de UGT ha señalado que le “parece poco objetivo que solo se haya hablado de las exigencias europeas en lo relativo al porcentaje de pensión de nuestro país en relación con el último salario, pero no que somos uno de los países que pone más exigencias para acceder al sistema”. En este sentido es donde Álvarez ha confirmado que los sindicatos están dirigiendo las negociaciones.
Reducir a 12 años trabajados el acceso a la pensión
“Hay que actuar sobre la exigencia de un mínimo de 15 años para tener acceso a una pensión y que se baje en tres años para tener acceso a la pensión contributiva”, ha solicitado el sindicalista. "Tenemos que encontrar un acuerdo equilibrado. La suma y la resta de lo que se pagará de más y lo que se ahorrará la Seguridad Social tiene que ser cero”, ha reiterado. Para ello, sugiere una reducción de tres años que sitúe el periodo cotizado necesario para tener acceso a una pensión en los 12 años. Ahora, realizadas las demandas, los sindicatos se mantienen a la espera de la respuesta de Seguridad Social con cierta tranquilidad, puesto que, la primera parte de la reforma, la que contemplaba la subida de las pensiones indexadas al IPC, ya fue aprobada.
Aunque no ha querido adelantar más detalles para poner en peligro el proceso de diálogo, Álvarez ha asegurado que su parte no se ha definido “ninguna línea roja”. Eso sí, ha dejado claro que para la aprobación de esta segunda para “es necesaria mayoría parlamentaria y nosotros la queremos visualizar antes de alcanzar un acuerdo con el Ministerio”. De hecho, el trámite parlamentario es el mayor filón de las organizaciones sindicales que dudan de que “pueda haber una aprobación de la reforma de pensiones en el Congreso si previamente no cuenta con un consenso, con un acuerdo social”. Yendo más allá, la percepción de la organización es que la parte morada del Gobierno y los socios habituales (ERC y Bildu) solo se plantearían aceptar la reforma de Escrivá, a pesar de no estar totalmente de acuerdo con esta, si es fruto del diálogo social.
