El día en el que se celebran las Elecciones Generales, el 28 de abril, es también el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han publicado un manifiesto conjunto en el que exigen al Gobierno y a las Cortes que salgan de las urnas este domingo la derogación de la reforma laboral del PP y "un nuevo marco legal" que combata la precariedad laboral, al que asocian el incremento de los accidente en el trabajo del pasado año. Durante 2018 se registraron más de 1,3 millones de accidentes laborales,152 cada hora y 652 personas murieron a consecuencia de un accidente de trabajo. Por ello, los sindicatos piden una "prevención real" de riesgos en las empresas, recursos para la Inspección de Trabajo, reforzar el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y una mayor implicación de todas las administraciones públicas.
El manifiesto de los sindicatos, titulado "¡Toma el control! ¡Exige un trabajo sin riesgos!" recuerda que en España cada día "2 personas no vuelven a su hogar por el solo hecho de intentar ganarse la vida". Y añade que entre otros el derecho a la integridad física es uno más de los derechos laborales, así como que exite una Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) que reconoce expresamente el derecho a una protección eficaz.
UGT y CCOO denuncian que el mercado de trabajo se ha precarizado durante los años de crisis y que esta precarización se ha vuelto estructural en la actualidad. Su manifeisto denuncia que "la reforma laboral de 2012 reforzó el poder unilateral de los empresarios, dotándoles de herramientas para hacer prevalecer sus intereses sobre los de la clase trabajadora, aumentar sus beneficios empresariales a costa de empeorar las condiciones laborales, menoscabando así la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras".
La temporalidad y la precariedad aumentan la siniestralidad
Para las dos centrales sindicales, la inseguridad laboral asociada a las relaciones laborales temporales y parciales no deseadas "que monopolizan las nuevas contrataciones", así como los bajos salarios, obligan a los trabajadores y trabajadoras "a elegir entre salario o salud, entre derechos o empleo. Y denuncian que la precariedad laboral ha hecho que aumente el número de trabajadores pobres, "que se ven obligados a aceptar trabajos en condiciones inseguras y que ponen en serio riesgo su salud".
Del mismo modo, las organizaciones sindicales creen que no se registran adecuadamente las dolencias de origen laboral y que "lo no se registra no se previene y lo que no se previene termina dañando la salud de las personas trabajadoras". La exposición continuada en los centros de trabajo a sustancias peligrosas o a cargas de trabajo físicas o mentales excesivas, añaden, provocan enfermedades que invalidan, producen sufrimiento y en numerosas ocasiones hasta la muerte.
El cáncer de origen laboral continúa siendo una asignatura pendiente de las políticas de salud laboral. En España sólo se declara entre el 0,1 y el 0,2% de los cánceres laborales estimados. En 2018 sólo se declararon 28 enfermedades profesionales relacionadas con agentes carcinógenos (más de la mitad estuvieron relacionadas con el amianto). Si se reconocieran todos los casos que se producen, afirman los sindicatos, el cáncer sería la primera causa de mortalidad profesional en España.
