Este mes tendremos la versión definitiva del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Desde los titulares presentado en octubre de 2020, y las reformas administrativas relacionadas con la gobernanza y la ejecución de los fondos convalidada por el Congreso de los Diputados, el ciclo se completará con la presentación del detalle de la planificación del fondo.

La elaboración de una planificación como la prevista en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no es sencilla, ni mucho menos. Intervienen no sólo los actores más directamente relacionados, como el Ministerio de Hacienda, la Presidencia del Gobierno a través de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20, o el Ministerio de Asuntos Económicos, sino el conjunto de ministerio que ejecutan parte de los fondos consignados en cada una de las prioridades. Cada uno de ellos ha tenido que elaborar un plan de ejecución de fondos que debe ser coherente con las directrices dadas por la Comisión Europea, planes que acompañarán que todo el mundo espera básicamente dos de ellas (mercado de trabajoal programa de reformas inicialmente presentado en enero de este año y del  y pensiones). La premura en la preparación de esta planificación, que se ha desarrollado en apenas 8 meses -normalmente una programación de fondos europeos, con mucha menor envergadura, alcanza hasta un año y medio de trabajo-, y las indefiniciones todavía presentes en las indicaciones de la Comisión Europea -que ha generado ya una abundante literatura de directrices, pero que necesitan todavía ser completadas- invita a pensar que es muy probable que se produzcan reprogramaciones a lo largo de los próximos meses, incluso años.

En cualquier caso, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 indican el camino de ejecución que se está recorriendo. No es el único documento de referencia que se debe utilizar. España ha presentado en los últimos meses una importante batería de documento de planificación que sin duda marcarán el camino al detalle del plan. Por citar algunos: el Plan Nacional de Cambio Climático, la Estrategia de Rehabilitación de Edificios, la Agenda Urbana, la Agenda Digital España 2025, la Estrategia de Inteligencia Artificial, el plan Audiovisual Hub, la estrategia de Economía Circular… son los elementos básicos doctrinales sobre los que se asientará el plan de inversiones, dando recorrido y potencia a lo desarrollado.

¿Y qué sabemos de las reformas? Todo el mundo está pendiente de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones, los dos grandes escollos en nuestro debate socioeconómico. Sin querer entrar en sus contenidos, hacemos mal en focalizar en estas dos únicas reformas, dejando de lado el resto de las que de alguna manera se han presentado o están en la cartera: la ley de fomento del emprendimiento, la reforma de la ley concursal, las reformas en la administración pública o en el sistema educativo, son tan importantes como las dos anteriormente citadas, de manera que, sin haber concitado los mismos niveles de entusiasmo de uno y otro lado, contribuirán también a mejorar la productividad de nuestra economía y a fortalecer nuestras perspectivas de crecimiento  potencial en el medio y largo plazo.

Quedan todavía algunos huecos por resolver. El principal de ellos, la notable ausencia de protagonismo en la ejecución de los fondos por parte de las comunidades autónomas. Es claro que muchos fondos serán ejecutados por las mismas, pero la gran novedad es que lo harán siempre bajo las directrices de ejecución marcadas por los ministerios. La complejidad del mecanismo hace que el incentivo del plan sea a concentrar su efecto en una serie muy tasada de intervenciones, con indicadores muy precisos y con capacidad de ser recogidos y mostrados a Bruselas. En este contexto, el margen de maniobra de las Comunidades Autónomas será muy pequeño. Los esfuerzos de planificación desarrollados por algunas de estas comunidades no tendrán un reflejo en una interlocución por parte de la Administración General del Estado: los ambiciosos planes de Madrid, País Vasco, Navarra, Valencia o Cataluña no se van a materializar en una serie de fondos a su disposición, sino en unas líneas de financiación bajo los requisitos y criterios ministeriales. Lo mismo podemos intuir para las entidades locales. Podrán ejecutar fondos, pero lo harán bajo la férula de una planificación muy detalladas bajo los criterios establecidos en Bruselas.

No hay más remedio que hacerlo así: mientras que los Fondos Europeos y la política de cohesión tiene una dimensión territorial explícita, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no desciende a ese nivel territorial, siendo los estados miembros los beneficiarios del instrumento, estando además muy sujetos a una serie de requisitos en materia de ejecución, presentación de indicadores de gestión y resultados muy concretos, y con una serie de hitos cuyo cumplimiento está vinculado directamente al libramiento de los fondos.

Hubiera sido deseable un modelo de planificación con una mayor dimensión territorial, pero para ello el acuerdo en el Consejo Europeo debería haber sido diferente. Sin embargo, los límites y requisitos establecidos hacen muy difícil generar margen de maniobra para las entidades territoriales. Veremos si esta posición facilita, o dificulta, la ejecución del instrumento, porque de lo que estamos seguros en países altamente descentralizados como España, es de la importancia de su participación activa para que las cosas salgan bien.