La negociación sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a este 2025 ha sido rápida y, aunque una vez más ha llegado en febrero y conllevará una retroactividad del primer mes del año, el Consejo de Ministros aprobará definitivamente el ascenso de 50 euros al mes (4,4%) el próximo martes. Un día antes, el lunes, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firmará el acuerdo alcanzado con los sindicatos junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.
El sueldo que perciben los asalariados más precarios se ubicará en los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, 1.381 euros en 12 pagas, lo que se traduce en 16.576 euros al año. Las organizaciones sindicales aspiraban a que la cuantía se ubicase en los 1.200 euros al mes (1.400 en 12 pagas), en línea con el cumplimiento de la Carta Social Europea, pero finalmente el Gobierno ha tomado la decisión de seguir la recomendación del Comité de Expertos que se reúnen desde hace años para orientar al Ejecutivo en esta materia.
Una vez más, las patronales se han descolgado del acuerdo. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la organización empresarial que aúna a las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, no estarán en el acto de firma del la iniciativa. A más de la subida del SMI, el acuerdo incluye el mandato de que en el plazo de dos meses se convoque otra mesa de diálogo social para abordar la transposición de la directiva de salarios mínimos europeos y otras consideraciones y donde se buscará modernizar carácter normativo de las disposiciones que regulan la normativa del salario mínimo para actualizarlo.
Exención el IRPF
Con la subida zanjada, la discusión que ahora mismo se desarrolla en el seno de la coalición es la exención del IRPF para el SMI. Esta materia no depende de Díaz, sino de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que por el momento no ha aclarado si esta práctica se volverá a repetir, como ha sucedido con anteriores ascensos de la cuantía. Las dos vicepresidentas han protagonizado intercambios de dardos en los últimos días y la titular de Trabajo ha reconocido abiertamente las “discrepancias”.
"Los que tienen que ajustarse el cinturón son los de arriba, no los de abajo", trasladaba Díaz el pasado miércoles. "Desde que soy ministra, siempre hemos eximido de tributación a las rentas que se acomodan al salario mínimo, hablamos de 16.500 euros al año. No hemos cambiado de posición nosotros", recalcaba. Para reforzar su posición, la titular de Trabajo lamentaba la facilidad de los socialistas para desgravar el 100% del tributo a los caseros y las reticencias para hacerlo con los más de 2,5 millones de perceptores del SMI.
"Nosotras no hemos cambiado de posición. Estamos en el sitio en el que estuvimos siempre, pero insisto, la justicia fiscal, sin populismos, empieza por arriba no por abajo", zanjaba la cabeza visible de la parte minoritaria del Gobierno. Por su parte, la número dos de Pedro Sánchez respondía pidiendo evitar “discursos populistas que no conducen a nada”. Aunque horas después se retractaba y aseguraba que “no ser refería” a Díaz, la vicepresidenta primera reclamaba “pedagogía fiscal” a la hora de hablar de tributos.
Es "muy importante" que cuando se hable de bajada de impuestos, "lo acompañemos de la pedagogía fiscal que tenemos que hacer respecto a la necesidad de que los ciudadanos contribuyan de forma proporcional y progresiva", apuntaba Montero. Es decir, desgranaba la ministra de Hacienda, "que defendamos que lo que construye el país, lo que consolida nuestra arquitectura estatal democrática, es justamente que los ciudadanos contribuyan a una bolsa común que se redistribuye en función de las necesidades".
"Cada cosa a su tiempo, ahora lo fundamental es que estamos de acuerdo con los sindicatos en cómo se tiene que producir la subida, en el rango alto de lo que dijeron los expertos, es decir, desde la máxima aspiración por parte del Gobierno de España, en un momento en el que estamos demostrando que es posible subir el salario, dar estabilidad a los trabajadores en sus puestos de trabajo y darle empoderamiento a los sindicatos para la negociación", zanjaba Montero. A la par, precisamente desde las organizaciones sindicales, llegaba una tercera vía.
"Lo fundamental es que se cumplan los preceptos de la Carta Social Europea y lo que dice es que el salario neto de las personas que perciben el SMI se tiene que situar al menos en el 60% de la media salarial en nuestro país", trasladaba sordo este jueves. Así, dado que "lo normal es que todo el mundo haga la declaración de la renta", defiende que es más practico subir el SMI más que el salario medio y evitar tener que elevar el mínimo exento de tributar “indefinidamente”.
