La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha anunciado una multa millonaria para Apple y Meta. Apenas lleva medio año a cargo de sus nuevas funciones en Bruselas y la que fuera vicepresidenta tercera y ministra del Gobierno de España ha establecido una sanción de 700 millones de euros, 500 millones para el gigante de la manzana y 200 para el conglomerado de Facebook, por incumplimientos de la nueva Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).
Esta multa es pionera en el Ejecutivo europea, dado que es la primera que conlleva sanción desde que se implementa la nueva legislación diseñada para evitar los abusos de las grandes tecnológicas. Y "Apple y Meta han incumplido”, ha concluido Ribera. La explicación recogida en el comunicado emitido por la vicepresidenta es la vulneración de la DMA “al implementar medidas que refuerzan la dependencia de las empresas y de los consumidores de sus plataformas”. Certificadas estas prácticas, “hemos tomado medidas firmes pero equilibradas para hacer cumplir la ley contra ambas compañías, sobre la base de reglas claras y predecibles", ha sentenciado.
Los expedientes que han concluido con la millonaria sanción fueron iniciados ya en 2024 con la pretensión de investigar las restricciones interpuestas por Apple a los desarrolladores de su App Store (herramienta para descargar aplicaciones), a quienes se prohíbe informar a los usuarios de alternativas que pueden incluirse en otras plataformas. En el caso del conglomerado empresarial creado por Mark Zuckerberg, la sanción responde al uso del modelo “pagar o consentir” que impuso a sus servicios. Por estas infracciones, las multas podrían haber sido mucho mayores.
Es más, las nuevas reglas de los Veintisiete permitirían a los servicios comunitarios llegar a multas de hasta un 10% del volumen de negocio de las compañías, si bien fuentes comunitarias apuntan que en el cálculo han influido factores que "mitigan" la sanción, por ejemplo el que la DMA apenas lleve un año en vigor, lo que supone un corto periodo de incumplimiento, y la complejidad de la normativa. Ahora, las empresas, que todavía no han reaccionado, tendrán un periodo de reclamación si consideran injusto lo interpuesto.
Una vez notificado, se abre un periodo de dos meses (60 días) para que las señaladas cumplan con el pago de las multas y, si reniegan, el Ejecutivo europeo podrá ir más allá e imponer nuevas multas o recargos. "Todas las compañías que operan en la UE deben cumplir las leyes y valores de la UE", ha dejado claro Ribera, quien también ha destacado que la nueva legislación común es un "instrumento crucial" para "desbloquear potencial, alternativas y crecimiento" porque garantiza que los actores digitales pueden operar en "mercados competitivos y justos".
