Durante estas dos últimas semanas, la Autoridad Fiscal Independiente ha comenzado a hacer públicas los informes correspondientes a la primera fase del proceso de revisión del gasto, o spending  review, destinado a analizar la eficacia y eficiencia de algunas grandes partidas de gasto público. El proceso se anunció en 2017, en el marco del Programa Nacional de Reformas 2017-2020, en un momento en el que Ciudadanos exigía al PP realizar un ejercicio similar para aprobar los presupuestos generales de 2017. Desde ese momento, y con apoyo de la Comisión Europea, el Banco de España  y asistidos por  un grupo de consultoras, la AiRef ha desarrollado una serie de evaluaciones del gasto público en materia de gasto farmacéutico, políticas activas de empleo, subvenciones, apoyo a empresas, la empresa pública Correos, o las becas para postgraduados.

El Spending review es una metodología específica lanzada a nivel de la Unión Europea en 2012, que cuenta con una metodología estándar propuesta por la Comisión Europea. Su objetivo es garantizar que el gasto público se ejecuta correctamente, proponiendo mejoras para su gestión. No es una evaluación, pues no desarrolla todos los aspectos de la misma,  ni una auditoría, que verifica el correcto funcionamiento y registro de los flujos financieros, sino una aproximación económica especifica basada en determinar si el gasto público se realiza desde la mejor alternativa posible.

Y, lógicamente, los informes del spending review hechos públicos han dado como resultado una serie de deficiencias a corregir: nuestras subvenciones, que requieren de un plan estratégico para ser concedidas, no están bien alineadas con los objetivos de políticas públicas. La gestión y resultados de Correos indican la necesidad de una reestructuración. Nuestras políticas activas de empleo no son eficientes para incrementar la empleabilidad de los trabajadores. Deficiencias todas ellas que han sido sagazmente aprovechadas por los amantes del Estado pequeño para desacreditar, con titulares y columnas sesgadas, estas partidas de gasto público, hablando de descontrol, ineficacia y despilfarro. Lo que deberia ser u a herramienta para mejorar la gestión, corre el riesgo de convertirse en un arma arrojadiza contra las políticas públicas.

Por esto mismo, conviene poner la Spending Review en su contexto. Esta revisión ni es la primera ni la única iniciativa de revisión o evaluación de las políticas públicas: en España, gran parte de las políticas públicas requieren de una evaluación, incluyendo aquellas financiadas por fondos europeos como el Fondo Social Europeo o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Prácticamente todas las Comunidades Autónomas han evaluado sus políticas activas de empleo, algunas de ellas con metodologías más completas que el propio Spending Review. En la década anterior, siendo ministro Jordi Sevilla, se puso en marcha la Agencia De Evaluación y Calidad de las políticas públicas, la AEVAL, que el desinterés del PP dejó morir apenas unos meses antes de la puesta en marcha del Spending Review. Hay comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña que tienen sus propias agencias de evaluación.

El problema de las evaluaciones de programas y políticas públicas en España no era la falta de las mismas, sino la infradotación de los procesos de evaluación y el escaso interés en poner en marcha las recomendaciones. Esa tendencia ha venido a romperse, al menos parcialmente, con la revisión del gasto liderada por la AIReF, pero aun así se corren varios riesgos. Si los informes de la AIReF se convierten en armas arrojadizas en vez de en herramientas de mejora de las orientaciones y calidad de las políticas públicas, su utilidad tenderá a cero. También cabe señalarse que la metodología utilizada atiende únicamente a una serie de elementos relacionados con el uso de los fondos, pero no cubre todos los aspectos necesarios para evaluar el impacto de las políticas públicas. La necesaria evaluación de las políticas públicas no debe circunscribirse a una visión reduccionista de las mismas.

España necesita mejorar la calidad de su gasto público: la percepción existente y las evidencias acumuladas indican que se podría conseguir mucho más con los mismos recursos. Pero no nos llevemos a engaño. Mejorar la calidad de las políticas públicas también cuesta dinero: en formación de los trabajadores públicos, en nuevos equipos y recursos, en una mayor intensidad de la atención pública. Mejorar el marco de eficacia de nuestro gasto público no sirve para ahorrar, como no dejan de repetir los amantes de los impuestos bajos sino para hacerlo mejor. Si España gasta menos de la mitad del dinero por parado que Francia o Alemania en políticas activas de empleo, no hay programa de eficiencia que solucione ese diferencial. Y eso también lo cuenta el informe de la AIReF, aunque, como era de esperar, es un argumento que no aparece en las columnas donde los opinólogos habituales se han rasgado las vestiduras con estos informes.

Bien al contrario, deberíamos utilizar las conclusiones y recomendaciones de estas y otras evaluaciones para mejorar el impacto de las politicas públicas, no para justificar su desaparición, que es el sueño de los conservadores patrios, ávidos de una nueva rebaja fiscal en un país al que le faltan siete puntos de PIB para alcanzar la media de ingresos públicos de la Unión Europea.