En Abril de 2021, el Gobierno de España presentó la versión definitiva del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, el plan financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dirigido a construir una economía más sostenible, más digital y más competitiva. A la expectación inicial generada por el plan, que llevó a realizar numerosas propuestas sobre su contenido y arquitectura, le ha seguido una revisión sobre los niveles de ejecución y sus mecanismos de gestión, en muchos casos dirigidos a cuestionar o confirmar si “el dinero estaba llegando realmente” a la economía real. Las dificultades de trazabilidad de unos fondos que pasan por diferentes niveles administrativos hacen que los grados de ejecución dependan de los criterios utilizados para calcularla.

Mientras todo ello ocurría, la economía española y europea han experimentado importantes vaivenes y se han puesto en marcha nuevas iniciativas que, si bien no modificaban plenamente los objetivos del plan, sí que lo hacían discurrir por otros caminos. El principal de ellos ha sido la crisis geopolítica y energética originada por la invasión de Ucrania por Rusia, que ha llevado a la Unión Europea a priorizar la reducción de su alta dependencia del gas de Rusia, a través del plan REPowerEU que no sólo modificó el reglamento del MRR sino que también significó una nueva dotación de fondos destinados a cumplir los objetivos de mejora de la eficiencia energética y de expansión de las energías renovables. España aprobó una serie de paquetes de respuesta a la crisis, incluyendo entre ellas la puesta en marcha del mecanismo ibérico para el mercado eléctrico, y la aprobación de medidas para acelerar los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables. También se presentó el plan de ahorro energético y se tomaron decisiones controvertidas en materia de lucha contra el cambio climático, como la bonificación de los combustibles de todos los hogares.

¿Qué sabemos sobre los impactos del Plan en materia de cambio climático? ¿Han servido estos dos años de plan para hacernos avanzar en nuestros objetivos o, por el contrario, no ha tenido el efecto esperado? En un reciente informe, apoyado por la Fundación Europea del Clima, se ha actualizado el seguimiento a los objetivos climáticos del plan español de recuperación, con especial referencia a las comunidades autónomas. Los resultados, hasta el momento, son más mixtos de lo que hubiera sido deseable.

Así, el informe señala que el cumplimiento del principio de No Hacer Daño Significativo -DNSH-, una suerte de cláusula que garantiza que los proyectos financiados por el plan no impactan negativamente en la dimensión ambienta y climática- no está plenamente desarrollada, con cierta dificultad de justificar y de evaluar el cumplimiento de este principio. Además, las nuevas orientaciones del REPowerEU incorporan la exención de aplicar el principio DNSH para determinadas inversiones en infraestructuras energéticas, lo cual muchos interpretan como una relajación en las exigencias ambientales. Además, el reglamento de la taxonomía europea para inversiones sostenibles, al integrar el gas y la energía nuclear, ha generado un rechazo claro de las organizaciones ambientales de todo el continente.

El principio de No hacer daño significativo no es el único motivo de preocupación: el plan ha supuesto una serie de retos en lo que se refiere a la gestión, gobernanza, seguimiento y evaluación, derivados de sus características particulares y del enorme volumen de fondos que se debe gestionar en poco tiempo, que planteaba una enorme necesidad de coordinación entre distintos niveles administrativos y entre los agentes públicos y privados. El refuerzo de las unidades que deben gestionar el PRTR en todos los niveles de la administración es uno de los principales retos sin resolver: es necesario dotar las unidades administrativas encargadas de la gestión de ayudas y licitaciones, fortalecer sus competencias e invertir en la digitalización de los procedimientos.

Este refuerzo es esencial para garantizar no sólo la ejecución, sino también el seguimiento de los indicadores, hitos y objetivos del plan. El informe señala la importancia de mantener la conexión entre la gestión del plan y el sistema de seguimiento, con la fuerte asignatura pendiente del establecimiento de un verdadero sistema de evaluación continua del plan.

En definitiva, tras dos años de funcionamiento, y prácticamente llegando al ecuador de su gestión, el Plan de Recuperación debe todavía afinar algunos de sus principales mecanismos para ser una fuerza real en la transformación de nuestra economía hacia la transición energética. La llegada de la financiación adicional, a través de la adenda -que incorporará hasta 94.000 millones de euros en nuevas donaciones y préstamos- es un momento excelente para poder desarrollar un ajuste de sus mecanismos de cara a un mayor impacto en términos ambientales y climáticos. No es un tema que convenga dejar a un lado, sino que es una opción estratégica esencial para nuestra economía. Si queremos acelerar nuestra transición climática, el Plan de Recuperación es el principal instrumento financiero que tenemos a nuestro alcance, y, en su desempeño e impacto estará la clave para el éxito de nuestros objetivos de descarbonización.