España recibirá un total de 140.000 millones de euros en ayudas europeas que, tal y como han anunciado miembros del Gobierno en varias ocasiones, serán transferidos a las comunidades autónomas para su gestión. A la espera de que todos los Estados miembros, incluidos Hungría y Polonia, aprueben la dotación de la Unión Europea, el Gobierno ya tiene un plan de ejecución previsto para los fondos.

Cadena SER adelanta el plan de ejecución ideado por el Gobierno para invertir los 140.000 millones de euros. Según informa el medio, se trata de un Real Decreto-Ley que permitiría al Ejecutivo adelantar el 50% de la financiación de los proyectos. Un total de 79 folios, elaborados por el Ministerio de Presidencia, que se basan en una figura mixta entre Estado y empresas.

Son los denominados PERTES, es decir, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, una colaboración público-privada para que las empresas no se arriesguen en solitario. Cada PERTE tendrá que ser declarado por el Consejo de Ministros y deberá ser inscrito en un Registro Estatal.

Las empresas que se alíen con el Estado para poner en marcha los fondos europeos tendrán preferencia en el cobro de subvenciones como contrapartida. Así se certifica que hay razones de interés público, lo que le dará preferencia en el cobro de convenios que se hará por adelantado hasta el 90%.

Además de la colaboración público-privada, el medio avanza un segundo punto clave para la gestión de los fondos. Todas las solicitudes deberán centralizarse en una ventanilla única, en concreto, a través de un portal web que canalizará las demandas al ministerio correspondiente y que además, servirá de ayuda para las personas y entidades interesadas.

¿Cómo se va a gestionar?

El modelo está claro: alianzas público-privadas centralizadas a través de una sola herramienta. Más allá de estos dos puntos clave, Cadena SER también avanza cómo se gestionarán los fondos. 

Por un lado, el Gobierno ha diseñado un mecanismo que permitirá adelantar hasta el 50% de los fondos, "antes de la ejecución y justificación de las prestaciones previstas", tal y como reza el Real Decreto-Ley. Asimismo, contempla la opción de otorgar “subvenciones de concurrencia no competitiva”, es decir, subvenciones sin concurso por orden de solicitud.

En cuanto al horizonte temporal, el Gobierno también plantea el recorte de plazos administrativos para facilitar la gestión de los proyectos. En el proceso de control previo los plazos de fiscalización quedan reducidos a cinco días hábiles “sin que quepa prórroga alguna”. En el caso de los plazos de tramitación y licitación, se avanza que se reducen a la mitad. Según el Real Decreto, los expedientes “tienen prioridad sobre cualquier otro contrato”.

Además, el medio recalca que todas las decisiones pasan personalmente por el presidente del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia. Es decir, tanto la autorización como la ejecución y el seguimiento de las ayudas dependería de Pedro Sánchez.

Solo un ministro de Unidas Podemos

Para ello se prevén crear cinco órganos de gobernanza bajo la Presidencia. El primero de ellos es la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, presidida por el propio Sánchez. Más allá de este órgano central, se creará un Comité Técnico, que le dará soporte; la Unidad de Seguimiento del Plan, que “proporcionará información continua al Presidente del Gobierno” y dos escalones consultivos más, según avanza este medio, que se encargarán de coordinar con sectores y con autonomías y ayuntamientos.

Uno de los puntos más destacados del Real Decreto-Ley es que, según ha avanzado el medio, en estos órganos de gobernanza solo habrá un ministro de Unidas Podemos, en concreto Yolanda Díaz, responsable del Ministerio de Trabajo, de los 11 ministros previstos que formarán parte de la gobernanza de los fondos europeos.