Con la llegada de la pandemia, y como medida de reacción, la Comisión Europea declaró suspendida la aplicación de las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta suspensión -conocida como la cláusula de escape- ha permitido a los países miembros de la Unión Europea alcanzar, sin someterse a un riesgo de sanción por parte de la Comisión, niveles de déficit fiscal muy superiores a los límites establecidos en el marco de dicho pacto, a saber, un 3% del PIB de déficit público y un 60% del PIB de deuda pública. En efecto, en el ámbito de la Eurozona, el déficit público alcanzo en 2020 un 7,2%, llegando la deuda pública hasta el 98% del PIB. Cifras conjuntas desconocidas en la eurozona, aunque con notables diferencias entre países. De esta manera, mientras España cerraba 2020 con un déficit público del 11%, mientras que Dinamarca lo hacía con el déficit más bajo de la Unión Europera, el 1,1%.

La cláusula de escape continuará durante 2021 y 2022, permitiendo un aterrizaje menos brusco de la previsible senda de recuperación de la estabilidad fiscal a partir de 2023. Es este el tiempo del que dispone la Unión Europea para repensar sus reglas fiscales, un conjunto de normas complejas de interpretar, sujetas a una casuística demasiado específica, y basada en herramientas que no han mostrado su transparencia y su eficacia en los últimos años. El objetivo de esta revisión es la simplificación de las normas, permitiendo una mejor aplicación, y facilitando un uso, no necesariamente más flexible, pero sí más acompasado con el ciclo económico. Recordemos que, en la anterior crisis económica, la presión por una consolidación fiscal acelerada supuso una vuelta a una recesión que se podría haber evitado en 2010 si el proceso de reducción del déficit se hubiera planificado a medio y largo plazo. El resultado de no hacerlo fue que, al menos en el caso de España, la consolidación duró casi toda la década, mientras durante algunos años el desempleo y la desigualdad alcanzaban niveles récords. La mejor lección que podemos aprender de la austeridad de los años 2011 a 2018 es que acelerar la consolidación fiscal no significa adelantarla, sino más bien, y como fue el caso, significa prolongar el proceso causando un daño social que podría haber sido innecesario.

Así pues, la reforma de las reglas fiscales debería dirigirse a evitar un carácter procíclico, y permitir marcos fiscales sólidos a largo plazo más que a apresurar a los gobiernos a producir consolidaciones aceleradas que, de acuerdo con la evidencia, no ha dado los resultados esperados.

¿Qué reglas serían las adecuadas? No hay, en absoluto, hoy, un consenso sobre las mismas. Blanchard, conjuntamente con Leandro y Zettelmeyer, por ejemplo, presentaron su propuesta en Febrero de este mismo año, señalando que el foco debería establecerse en el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos, más que en un determinado set de reglas cuantitativas, otorgando al mismo tiempo un carácter decisivo a organismos independientes, no sólo de los estados sino (sic) de la Comisión o del Consejo de la Unión. Otros autores, reunidos en torno al Consejo de Estabilidad Fiscal de la Unión Europea, han sugerido otras propuestas de reforma, centrando el tiro en objetivos simplificados, como una referencia de deuda pública y un control sobre el crecimiento del gasto público, o, de acuerdo con otro grupo de investigadores, proporcionar reglas totalmente modificadas centradas en una regla de gasto -por ejemplo que el gasto público no puede crecer por encima de un determinado porcentaje. Más recientemente, tres notables economistas franceses (Martin, Pisani-Ferry y Ragot) han presentado una nota del Consejo de Análisis Económico de la República Francesa en la que abogan por un tratamiento diferenciado para cada país, con un marco fiscal con metas a cinco años, en función de su situación y de la sostenibilidad de su deuda, evitando objetivos numéricos uniformes para todos los países.

En cualquier caso, la reforma de las reglas fiscales no puede separarse alegremente de la reforma del conjunto de la gobernanza económica europea, donde quedan todavía muchos aspectos por terminar de revisar. El debate no es nuevo: la experiencia de la gestión de la anterior crisis ya abrió un proceso de reflexión muy fecundo, pero la crisis de la Covid ha abierto una ventana de oportunidad, aunque no falta quien piensa que no es oportuno embarcarse apresuradamente en el mismo. Alemania, por ejemplo, no ha mostrado un gran entusiasmo por avanzar en este debate, animando a centrarse en la buena ejecución del Fondo de Recuperación y Resiliencia.

Con independencia de la importancia que se le dé a la buena ejecución de los instrumentos del Next Generation, tarde o temprano España tendrá que presentar un programa de consolidación fiscal tendente a cumplir los objetivos y criterios establecidos en el Pacto de Estabilidad. De acuerdo con algunas informaciones, Alemania ya está exigiendo un calendario de consolidación fiscal para nuestro país, adelantándose a las observaciones del Banco de España o de la propia Comisión Europea. Parece poco probable que se llegue a resultados sustantivos sobre la reforma de la eurozona durante 2021, y, seguramente 2022, por lo que lo mejor que puede hacer España es prepararse para evitar una consolidación fiscal acelerada. En cualquier caso, y mientras este debate se mantenga, deberemos ser proactivos y generar nuestra propia posición, porque la batalla de las ideas, parece, puede ser tan enconada como en el pasado, esperemos que esta vez con mejores resultados para nuestro país.