La productividad es una de las asignaturas pendientes del tejido empresarial español. Instituciones internacionales, personalidades políticas y empresarios reiteran la necesidad de impulsar este indicador en el que actualmente España tiene un diferencial negativo con respecto al resto de Europa. Este viernes le ha tocado el turno a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha introducido una variable al debate: ¿cómo se reparte el aumento de este valor? La respuesta de los últimos 30 años es cristalina: va a parar a los bolsillos empresariales.
La también vicepresidenta segunda ha hecho hincapié en esta realidad, pidiendo un mayor reparto del incremento de la productividad entre todos los eslabones, especialmente entre los trabajadores, tradicionalmente damnificados. “La productividad en España ha crecido desde el año 1995 un 15,1%, los salarios lo han hecho en este tiempo al 1,2%”, ha dejado caer el dato la titular de la cartera de Trabajo en Wake Up Spain. Los datos son claros y la conclusión es que “hay un reparto injusto de la productividad” que debe abordarse.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha puesto deberes a España al respecto. "Impulsar el crecimiento de la productividad es una prioridad clave de política económica y social", ha pronunciado el secretario general del think tank de las economías avanzadas, Mathias Cormann, en el mismo foro. "Abordar los persistentes desequilibrios de habilidades es un requisito prioritario particular para España", ha recomendado, apuntando a un “aprendizaje permanente” de los trabajadores adultos a través del combate de las elevadas tasas de abandono escolar y ampliando la capacitación de alta calidad.
España lleva manos a la obra con este cometido desde hace un tiempo y el Ejecutivo de coalición está desarrollando ya un órgano especializado. Sobre este paso, Díaz ha querido sacar pecho y reivindicar el papel de Sumar en su consecución. “Hasta que hemos suscrito el acuerdo de Gobierno con el PSOE no se cumplía con la recomendación europea de crear un Consejo de Productividad. Ahora ya está creado junto con el ministerio de Economía”, ha celebrado durante su intervención.
Control estatal de sectores estratégicos
Otro de los aspectos abordados por la ministra de Trabajo ha sido el control estatal de determinados sectores estratégicos. La pérdida de dominio nacional en compañías punteras del país es preocupante, sobre todo cuando las incursiones provienes de otros estados como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. La última compañía objetivo es Naturgy, que ha involucrado al Gobierno en un nuevo proceso de defensa, mientras sigue envuelto en el de Telefónica. "Lo digo sin rubor, preservar Naturgy es el siguiente hito en la defensa de lo estratégico y lo común", ha defendido la líder de Sumar.
“Habrá más que el Gobierno no pueda ni deba eludir”, ha advertido la vicepresidenta, anticipando nuevos intentos. “El Estado debe ser garante del suministro de bienes y servicios imprescindibles: alimentos, material sanitario, telecomunicaciones, transporte o energía”, ha defendido, apuntando a que “el mejor seguro frente a la incertidumbre es la participación pública en las empresas estratégicas”. De no ser así, Díaz ha dejado otra opción sobre la mesa: “la promoción de núcleos estables de accionistas comprometidos con el país”.
La ministra ya se había pronunciado al respecto este jueves, remitiendo varios escritos al ministro de Economía, Comercio y Empresa, liderado por Carlos Puente, a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. La aspiración principal de las misivas es la paralización de la posible Oferta Pública de Adquisición (OPA) del grupo emiratí Taqa en Naturgy, y que haya una entrada de capital público en la energética, de manera similar a como se actuó con Telefónica.
“Desde Sumar lo venimos defendiendo, necesitamos una ley que impida la deslocalización de los sectores industriales en España, pero que defina con claridad también la participación pública de los sectores en las empresas que son estratégicos", defendía hace apenas unas horas. Este viernes, ha reiterado su argumento, recordado que "la pandemia fue una llamada de atención” ante la posible de pérdida de los sectores que producen y distribuyen bienes y servicios de primera necesidad.
Por el momento, el titular de Economía ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que el Estado cuenta con "los instrumentos normativos necesarios" para defenderlos, así como para proteger al conjunto de las empresas españolas. "Creo que tenemos una visión muy clara en España con respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses estratégicos y tenemos además los instrumentos normativos necesarios", trasladaba este miércoles desde las asambleas del FMI y el G20.
