La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha vuelto a multar a Glovo por incumplimientos reiterados de la normativa laboral. En esta ocasión, a las habituales infracciones ligadas a falsos autónomos cometidas por la multinacional se añade ahora la contratación de 813 trabajadores extranjeros de forma irregular, es decir, sin contar con el permiso de trabajo. Los nuevos falsos autónomos destapados por el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social ascienden hasta los 7.022. En suma, el montante de la sanción alcanza los 56,7 millones de euros. Con esta última, la multinacional supera ya los 205 millones de euros en multas.
Ahora, el Ministerio encabezado por Yolanda Díaz se plantea perseguir de forma severa a Glovo, lo que, con el nuevo Código Penal en la mano, podría llegar a suponer hasta seis años de cárcel por el abuso de la figura ilegal del falso autónomo. "Ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, se va quedar al margen de la ley", ha trasladado la ministra. La propuesta de la Inspección ante esta nueva infracción, que data del año 2021, momento previo a la aprobación de la Ley Rider, es una multa de 32,9 millones de euros, a los que se sumarían 19 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social que la compañía adeuda a las arcas públicas. La multa de 5,2 millones de euros por la contratación irregular de más de 800 trabajadores completa los casi 57 millones.
Hace tan solo unos meses, el pasado septiembre, la empresa de reparto ya recibió una estocada de Trabajo, que interpuso una sanción de 79 millones y la obligatoriedad de regularizar a 10.600 falsos autónomos. “El peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección de Trabajo”, aseguraba la también vicepresidenta en aquel momento. Glovo se defendía asegurando que el periodo de inspección era previo a la implantación de la nueva ley; sin embargo, fuentes del sector confirman que la empresa sigue manteniendo el pulso con contrataciones fuera de norma.
Ley Rider
La ley, que la ministra aseguró que “se va a cumplir”, reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son en realidad trabajadores por cuenta ajena y no autónomos (falsos autónomos) como se presumía hasta ahora.
De hecho, la nueva norma, hace hincapié en lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores y es que los trabajadores deberán ser informados de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de Inteligencia Artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo.
El fraude de los falsos autónomos
Este mismo de daba a conocer que durante el pasado año la Inspección de Trabajo realizó 13.450 investigaciones en empresas, que concluyeron con 27.183 infracciones y 38.779 empleos regularizados. Estos empleos por cuenta ajena se encontraban en fraude de ley bajo la figura del falso autónomo, estrategia que ahorra a las empresas costes laborales y deja al trabajador en una situación de desprotección. Así, las cifras muestran que esta lacra, a pesar de contarse ya con una legislación más protectora, continúa instaurada en España.
Más de 80.000 empleos han aflorado desde la llegada de Sánchez a la Moncloa y el desembarco de Díaz en Trabajo, siendo el pasado año el peor para las empresas infractoras. Estas cifras chocan con las presentadas por el Gobierno de Rajoy entre 2015 y 2017, tres años en los que tan solo se regularizaron 4.522 empleos. En la actualidad, a pesar de que desde los sindicatos destacan la falta de medios materiales y de personal que imposibilitan el buen desarrollo de las actividades, la Inspección de Trabajo está yendo más allá de lo que ha ido nunca para combatir a las empresas infractoras.
"Es la peor práctica porque hay una elusión de las cotizaciones de la Seguridad Social. Es una vulneración de los derechos laborales", apuntaba Díaz. "En el Ministerio de Trabajo tenemos un abordaje completo hacia el principal problema del mercado de trabajo, que es la precariedad, acabar con la precariedad. No solo hemos hecho la reforma laboral, sino que hemos desarrollado una estrategia transversal que tiene que ver con acabar con la precariedad", concluía.
