La Inspección de Trabajo ha modificado notablemente su proceder desde la llegada del Gobierno de colación, más concretamente, desde que Yolanda Díaz asumió la cartera de Trabajo y Economía Social. Así, durante el pasado año el órgano realizó un total de 13.450 investigaciones en empresas, que concluyeron con 27.183 infracciones y 38.779 empleos regularizados, según las cifras recogidas por ElPaís. Estos empleos por cuenta ajena se encontraban en fraude de ley bajo la figura del falso autónomo, estrategia que ahorra a las empresas costes laborales y deja al trabajador en una situación de desprotección.
Más de 80.000 empleos han aflorado desde la llegada de Sánchez a la Moncloa y el desembarco de Díaz en Trabajo, siendo el pasado año el peor para las empresas infractoras. Estas cifras chocan con las presentadas por el Gobierno de Rajoy entre 2015 y 2017, tres años en los que tan solo se regularizaron 4.522 empleos. En la actualidad, a pesar de que desde los sindicatos destacan la falta de medios materiales y de personal que imposibilitan el buen desarrollo de las actividades, la Inspección de Trabajo está yendo más allá de lo que ha ido nunca para combatir a las empresas infractoras.
"Es la peor práctica porque hay una elusión de las cotizaciones de la Seguridad Social. Es una vulneración de los derechos laborales", ha dicho la vicepresidenta segunda. "En el Ministerio de Trabajo tenemos un abordaje completo hacia el principal problema del mercado de trabajo, que es la precariedad, acabar con la precariedad. No solo hemos hecho la reforma laboral, sino que hemos desarrollado una estrategia transversal que tiene que ver con acabar con la precariedad", ha agregado.
El problema de los falsos autónomos no es tan solo que sean una figura utilizada por las empresas para ahorrarse costes laborales, situación que ya es perjudicial para la totalidad de la sociedad al minarse la recaudación pública. El gran problema es la situación de desprotección en la que se encuentran trabajadores dados de alta por cuenta propia, pero que desempeñan su actividad laboral para una empresa, con unos horarios establecidos por esta, con medios de producción de propiedad ajena. Estos trabajadores están obligados, siendo asalariados de una empresa realmente, a pagar la cuota de autónomos, no tienen derecho a unas vacaciones mínimas, no están protegidos ante un problema médico (sin derecho a baja) y su cotización es mucho menor, por lo que la pensión que percibirán será mucho más baja.
A pesar de lo ilegal de la situación, este mecanismo ha sido muy utilizado por las empresas españolas y afecta tanto al trabajo cualificado como al no cualificado. Del total de los más de 80.000 empleos regularizados, 40.793 (50,69%) pertenecen al sector del Transporte y almacenamiento. El siguiente sector en aparecer en la tabla es el del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, con 10.334 (12,84%), seguido de las Actividades administrativas y servicios auxiliares (10,94%), la Industria manufacturera (6,73%) e Información y comunicaciones (5,18%).
Más recursos para la Inspección
El organismo cuenta con únicamente con 3.000 trabajadores para supervisar a 1,4 millones de empresas, más de 20 millones de afiliados y nueve millones de pensionista. Para combatir esta situación, el Gobierno aprobó un ampliación de plantilla y de dotación de recursos, pero desde las organizaciones sindicales destacan que su implantación se está demorando en demasía. Por este motivo, los trabajadores comienzan este lunes una jornada de movilizaciones que se alargará hasta el 22 de febrero, fecha que los sindicatos ponen de tope para que sus reivindicaciones sean atendidas. Además, el próximo miércoles tendrá lugar una jornada de huelga apoyada por todos los sindicatos del sector.
"Será una nueva demostración del cansancio y hastío de la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como de su disposición a llevar la pelea por la defensa de sus derechos, la pelea por defender el refuerzo de este organismo, la pelea por acabar con todas las deficiencias que se sufren en la ITSS hasta donde sea necesario", han recogido los sindicatos en un comunicado. El ministerio de Trabajo sigue “en silencio” y el de Hacienda y Función Pública “oculto”, aseguran.
