Con el telón de fondo de la reciente crisis que vivió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, focalizada en la Consejería de Educación, hasta hace poco en manos de Emilio Viciana y actualmente a cargo de Mercedes Zarzalejo, sí que se planteó un cambio de rumbo y novedades en esta cartera autonómica. Sin embargo, la situación continúa siendo precaria para los docentes y alumnos a juzgar por los datos que desprenden los sindicatos.

Según denuncian en dos informes de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, por un lado, el Ejecutivo de la Puerta del Sol no estaría cumpliendo el Acuerdo de Gobierno ratificado el pasado mes de abril sobre las plazas docentes para este curso; por el otro lado, también aducen a un recorte de cerca de 200 aulas públicas y la consiguiente pérdida de empleos docentes en ellas.

Dos escenarios de acuciante urgencia que, a su vez, afectan a las zonas del sur y el este de la región madrileña con mayor énfasis. La Consejería que ahora corre en manos de Zarzalejo ha heredado deficiencias que serán complicadas de paliar a corto plazo, como bien son la falta estructural de personal, las jornadas partidas y la escasez de aulas públicas en colisión con el modelo concertado y privado, entre otras problemáticas.

Escasez de docentes por "incumplimiento"

Desde un primer punto, CCOO denuncia que el Gobierno de Díaz Ayuso viene incumpliendo el Acuerdo del Consejo de Gobierno firmado el pasado mes de abril en el cual se ratificó un incremento progresivo del personal docente tanto en Infantil como en Educación Primaria con un total de 850 plazas, de las cuales 300 se debían incorporar en este curso escolar, 2025-2026, en aras de mejorar la prestación del servicio educativo, reducir ratios y reforzar apoyos en la pública.

No obstante, tras el estudio del sindicato, han constatado la falta de 100,5 plazas de las 300 que debían haberse comprometido, lo que se traduce en más de un tercio de lo previsto en esta primera fase del pacto. Una situación a su vez dispar según la zona de la Comunidad:

  • Madrid Capital: 36
  • Madrid Sur: 31
  • Madrid Este: 27,5
  • Madrid Oeste: 4
  • Madrid Norte: 2

Según el sindicato, el hecho de que estas plazas no se hayan ocupado tiene un directo “impacto” en la organización de los centros, reiterando que tan sólo un docente hace “una diferencia significativa en la atención al alumnado”.  A su vez, otra de las consecuencias más graves deriva en el preciso incumplimiento que denuncia CCOO, que se traduce en una “sobrecarga organizativa” en centros públicos y, por ello, instan a la Consejería de Educación a que se ocupen las 100,5 plazas docentes aún pendientes.

Menos aulas, menos docentes

Como segundo punto a tener en cuenta, resalta la supresión de 197 aulas en centros públicos de la región programadas para el próximo curso académico de 2026-2027, por ende, una situación adelantada que ha dejado a las familias sin margen de opción a elegir centro para sus hijos. Un recorte de aulas que declina en “al menos” 429 puestos docentes, según las estimaciones de CCOO, y que afectan, esencialmente a los cursos de tres años y primero de la ESO.

“No es casual: es una maniobra para captar familias cuando son más vulnerables. Al negarles una plaza pública al inicio de etapa, se las empuja a un sistema del que, difícilmente, saldrán debido al arraigo emocional y social que los menores generan en su entorno”, denuncia Aida San Millán, secretaria general de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO Madrid, además de que apunta que es “perverso” que el Gobierno de Ayuso “juegue con los afectos y la estabilidad de los hijos para retenerlos en la red privado-concertada” en detrimento de la pública.

Cabe remarcar que desde el sindicato madrileño insisten en que éste segundo escenario afecta a la libre elección de las familias de escoger un centro educativo para sus hijos al no figurar ya en la oferta pública, lo que, según argumentan, da puerta abierta al Ejecutivo madrileño a justificar cierres alegando una presunta “falta de demanda”.

Al igual que con la primera problemática, esta supresión de aulas públicas también sienta diferencias según la zona de la Comunidad de Madrid. En el Sur, la pérdida es de 78 aulas -lo que comprende el 39,6% del total- y 214 docentes menos y, por municipios, Fuenlabrada se lleva la peor parte con 21 aulas cerradas y Alcorcón con 11,5. Por consiguiente, el Este son 43 aulas menos y 77 docentes perdidos; en la Capital son 42 cierres y 78,5 profesores menos; en el Norte, 27 y 48,5, respectivamente; por último, en el Oeste, 7 aulas menos y 11 docentes perdidos, según los cálculos de CCOO.

Más Madrid y PSOE

Ante este escenario en el ámbito educativo madrileño, los principales partidos de la oposición han clamado contra unas condiciones y una situación que no invita a cambios en el horizonte próximo. Por un lado, Más Madrid ha referido que es una situación que ha resultado inamovible en los últimos años. “Colegios donde se recortan líneas antes de que las familias soliciten centro y sepamos si hay realmente demanda o no. De esta forma el Gobierno de Ayuso influye en las decisiones de las familias e interviene en su libertad de elección”, denuncia la portavoz adjunta María Pastor en declaraciones a ElPlural.com

Al tiempo, advierte de los riesgos del “sesgo territorial” que estas deficiencias provocan: “Una vez más, son los territorios del este y del sur los que sufren siempre los recortes y la falta de recursos: recorte de líneas, menos recursos, edificios viejos... Los centros y las familias necesitan inversión y recursos, no recortes y maltrato”, sentencia. Asimismo, desde Más Madrid abogan por impulsar “un plan urgente para garantizar centros educativos en desarrollos urbanísticos, para invertir en los actuales y avanzar en derechos construyendo comedores en institutos”.

Por su parte, los socialistas madrileños han situado varios apuntes a tener en cuenta. Por un lado, y en conversaciones con este periódico, el diputado y portavoz de Educación del PSOE-M en la Asamblea Esteban Álvarez ha señalado que la región, en relación con el incumplimiento del Acuerdo de Gobierno, es la que mayor segregación escolar presenta con "un 80% de los alumnos más desfavorecidos en la pública", teniendo en cuenta que "4 de cada 10 centros públicos tienen más del 50% de alumnos con rentas inferiores al 50% de la media de la Comunidad".

En cuanto al cierre de casi 200 aulas públicas, los socialistas denuncian que "es una política que se lleva produciendo, al menos desde que Ayuso gobierna". El ejemplo más acuciante radica en el segundo ciclo de Infantil, donde "mientras "en la pública se reducen unidades o aulas, en la privada, donde también disminuyen los alumnos, aumentan las unidades financiadas en parte con cheques-copago que solo cubren una parte del coste"; un cheque que tan sólo puede cobrar los centros, no las familias, y cubre en torno al 50% del curso.  

En aras de solventar esta realidad, el diputado socialista insiste en cumplir con las leyes vigentes: "1% del PIB antes de 2030 dedicado a financiación pública de las universidades públicas; nada de falso CEIPSO o medio-CEIPSO, ni de vuelta a la EGB; impulso del uso de comedores por alumnado de centros públicos de Secundaria y plan de colegios e IES abiertos en períodos lectivos y no lectivos; plan de inversiones, especialmente para la construcción de nuevos centros y los planes de climatización". 

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