La ley riders ha entrado en vigor este jueves. La norma, que afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats y Deliveroo, es objeto de discusión entre la opinión pública, especialmente en redes sociales. El acuerdo fue alcanzado el pasado mes de marzo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO, UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. 

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son en realidad trabajadores por cuenta ajena y no autónomos (falsos autónomos) como se presumia hasta ahora. 

De hecho, la nueva norma, hace hincapié en lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores y es que, los trabajadores deberá ser informados de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo. 

 

A pesar de que ha sido muy criticada por algunas asociaciones de trabajadores, como la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que advirtió de que esta ley ponía en riesgo al sector, que aporta más de 700 millones de euros al PIB español, otras como Riders X derechos, ven por fin dignificada su actividad aunque temen que las empresas encuentren los resquicios necesarios para saltarse la legislación: "Las empresas seguirán sin cumplir la legislación y pretenden desafiar a la ITSS. Mientras les salga más barato pagar las multas que contratarnos, el fraude va a persistir. No entienden de leyes ni legislaciones, han venido a cargárselo todo", afirman en redes sociales. 

Los planes laborales de las plataformas

Hasta el momento, algunas plataformas como Deliveroo ya han anunciado su retirada de España, mientras que otras se plantean modificaciones estructurales. Por ejemplo ha anunciado un nuevo modelo de contratación inédito en nuestro país que supone la contratación de 2.000 trabajadores antes de que finalice 2021, que supone el 20% de su flota y el mantenimiento de alrededor de 8.000 autónomos que trabajarían mediante la contratación por puja, es decir, se les ofrece a los riders libre elección de precios y jornadas. Se trata de una iniciativa que hasido denunciada por varios sindicatos, entre los que se encuentra CC.OO. ya que supone que la plataforma permita rebajar el precio de los ingresos de los empleados ya que no existe convenio colectivo alguno. Además, el sindicato también investiga la posible cesión ilegal de trabajadores en la flota de reparto dedicada exclusivamente a los supermercados fantasma, denominados dark stores. 

De hecho, en Cataluña, Glovo ya ha sido denunciada ante la Inspección de Trabajo por presuntamente incumplir los derechos laborales de sus trabajadores y "desafiar la Ley Rider abiertamente sin hacer el intento de adaptarse a la normativa" debido al intento de el "intento de dar cobertura a su estructura sin la laboralización efectiva, ya sea con la subcontratación o ETT".

Por su parte, Just Eat, que acumula en su historial 5 denuncias de CC.OO ante la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores, se encuentra negociando con los sindicatos para fijar el primer conveno a nivel nacional que colabore a organizar las relaciones laborales del sector delivery en nuestro país. 

En cuanto a Ubers Eats y Stuart, son dos de las plataformas que están manteniendo un perfil más bajo en lo que significa la vorágine de este debate. Uber Eats ha encargado al despacho SBO Abogados que recabe información suficiente para hacer frente a las demandas interpuestas contra la compañía al supuestamente romper la relación laboral existente con los trabajadores autónomos, así como por "cesión ilegal" de repartidores a subcontratas. Mediante un comunicado, la compañía además, asegura que los trabajadores autónomos no podrán seguir proporcionando servicios de reparto a través de su plataforma a partir de este jueves a excepción de que el empleado ya se encuentre trabajando con algunos de sus socios en delivery, es decir, lo que ocurre en la mayoría de los casos. 

MIentras tanto, Stuart ha reivindicado un modelo de negocio flexible basado en repartidores independientes y ​ha empezado un proceso de contratación directa de una parte importante de su flota. Al mismo tiempo, y como contempla la nueva normativa, ha anunciado que también contará con repartidores que provengan de flotas profesionales.

Mientras tanto, la asociación Riders AUR, explica que ya hay más de 30 riders que se unen a una demanda colectiva ya que quieren permanecer como autónomos. De hecho, la asociación defiende un modelo mixto. Según explica el presidente de la asociación, Fernando Roan, "no me podía quedar de brazos cruzados de ver cómo a compañeros que hemos sido esenciales en la pandemia y en condiciones atmosféricas como Filomena se nos echa con una mano delante y otra detrás. Es injusto".