La pasada ha sido una semana intensa en materia de política económica en España. Tras semanas de incertidumbre, la Comisión Europea emitió el informe sobre nuestro proyecto de presupuesto, casi al mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional y la OCDE emitían sendos informes temáticos sobre la economía española: el primero relativo a las llamadas consultas del Capítulo IV, una serie de supervisión anual que los técnicos del Fondo efectúan sobre todos los países miembro, y el segundo a través del informe de seguimiento que la OCDE realiza como observatorio de las economías desarrolladas.

Los informes de los organismos internacionales tienen muchas lecturas. Al ejercer cierta tutela sobre la evolución de nuestra economía, los organismos internacionales pueden restringir el margen de maniobra de la política económica, lo cual es totalmente cierto en el caso de la supervisión de la Comisión, que se realiza en el marco de los compromisos económicos emanados de nuera pertenencia a la Unión Europea.  Por su lado, los informes del FMI y la OCDE no tienen valor como mecanismo correctivo, pero sí como sistema de prescripción de política económica, alejado de los vaivenes de los debates políticos que se generan entre gobierno y oposición a lo largo del año. Realizar, por lo tanto, una lectura conjunta de los mismos supone un ejercicio interesante por cuanto definen los principales retos de nuestra economía a medio y largo plazo.

El primero de ellos es la constatación de la desaceleración: los tres organismos barajan tasas de crecimiento económico para 2019 que oscilan entre el 2,2% y el 2,3%, muy alineados con las propias previsiones del gobierno y de los analistas internos para el año que viene. Aunque España va a seguir creciendo por encima de la media de la Eurozona, se confirma que el ciclo expansivo de la economía española, inaugurado en 2014, está llegando a su velocidad de crucero. Una vez revertida -con no poco sufrimiento social- la profunda destrucción de la larga crisis de 2008-2013, España se enfrenta al reto de mejorar sus tasas de crecimiento a largo plazo a través de un incremento de la productividad como factor fundamental de crecimiento. Las tres instituciones coinciden en señalar que los vientos de cola que sostenían la fuerte recuperación económica se están agotando: el comercio internacional se ralentiza, el petróleo ha subido de precio y el año que viene volverán a subir los tipos de interés. No debemos esperar por lo tanto muchas buenas noticias del exterior, y el desarrollo de nuestra economía dependerá en buena medida de nuestro propio desempeño, para lo cual es imprescindible retomar la agenda de reformas y de ganancias de competitividad.

Partiendo de esta realidad, las tres instituciones examinan el impacto de la nueva política fiscal del gobierno. La Comisión señala -en el ejercicio de sus funciones de supervisión- que pese a la reducción prevista de déficit público para 2019, este no es suficiente para cumplir los objetivos de estabilidad fiscal, señalando el “riesgo de no cumplimiento” de los compromisos en dicha materia. España debe por lo tanto fortalecer su marco fiscal garantizando los ingresos suficientes y manteniendo a raya el gasto público ya que, de persistir la actual tendencia, nuestro país puede faltar a los compromisos con Bruselas y enfrentarse a posibles sanciones en el futuro. Esta circunstancia es también evaluada por el FMI, que dando por bueno el objetivo del gobierno, señala en cualquier caso la necesidad de asegurar los ingresos previstos  y de acelerar la reducción de la deuda pública, sugiriendo además un plan de contingencia de manera que el gobierno pueda reaccionar si, como parece posible, las nuevas medidas fiscales no cumplen con sus objetivos de ingresos. El FMI sugiere contemplar más impuestos ambientales y una subida del IVA. Por su parte la OCDE señala un aspecto no menor, que son los efectos redistributivos del presupuesto público, señalando que nuestro sistema de ingresos y gastos es uno de los menos redistributivos de entre los países miembros. La OCDE centra su recomendación en la necesidad de focalizar nuestro gasto social en los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, observando que en el reparto actual de dicho gasto social, las clases altas reciben más dinero que las clases bajas. En definitiva, España necesita reformular su estructura de ingresos y gastos públicos para hacerlo más redistributivo y más sostenible a medio y largo plazo.

El tercer gran aspecto de evaluación es la situación del mercado laboral. El Fondo Monetario Internacional sigue con preocupación la situación de nuestro mercado laboral, alertando del alto desempleo y de la alta dualidad del mismo. Para el FMI, la reforma de 2012 fue positiva y, pese a que en otros informes y estudios señala la necesidad de incrementar los salarios, en el caso de España apuesta por reducir el coste de despido de los contratos indefinidos para hacerlos más atractivos para los empresarios, incrementando además los incentivos para la movilidad geográfica de los trabajadores y alineando las subidas de salarios con la productividad. Circunstancia que contrasta con el análisis de la OCDE, que saluda la subida del Salario Mínimo Interprofesional, al tiempo que recomienda una importante reforma de las políticas activas de empleo.

En conclusión, y según estos organismos, España depende ahora de sus propias fuerzas para continuar en la senda de crecimiento. Para ello es imprescindible recuperar el marco de reformas económicas y la mejora de la productividad, garantizar un marco fiscal más sólido y redistributivo a medio y largo plazo, con ingresos públicos suficientes y asegurados, y un mercado laboral que genere menos obstáculos a la creación de empleo de calidad.

Son, en sentido general, buenas recomendaciones: pese a que el horizonte de nuestra economía aparece despejado para los próximos años, el riesgo de una nueva recesión global es bajo pero no nulo, y esos tres puntos (baja productividad, un marco fiscal frágil y un alto desempleo) suponen nuestros puntos débiles. Hará bien el gobierno en no hacer oídos sordos a estas recomendaciones, porque de resolver esta ecuación depende el futuro desempeño de nuestra economía. Los anteriores gobiernos hicieron caso omiso, dejándose llevar por los vientos de cola y aprovechando para debilitar aún más nuestras finanzas públicas a través de electoralistas bajadas de impuestos. El drama de nuestra política económica es que sólo reformamos cuando no nos queda más remedio, en el curso de las recesiones, provocando un gran sufrimiento social. Cuando llegan las recuperaciones preferimos no aguar la fiesta a nadie, sobre todo si hay un horizonte electoral de por medio.

Por una vez, esto podría cambiar. No esperemos a la próxima crisis. El tiempo se agota y nuestro país requiere de una agenda de reformas económicas de calado, que aborde estos y otros problemas. La pasividad ha dejado de ser una opción viable, si alguna vez lo fue.