Según informa El País, el Gobierno tiene listo para su aprobación el primero de los dos decretos que sentarán las bases de la Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (ANEF), un organismo independiente encargado de evitar los desequilibrios económicos, prevenir las burbujas y mostrar las salidas a los periodos de crisis. A imagen de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), la ANEF tendrá un ámbito de competencias muy amplio, a semejanza de la JERS, que incluiría a las entidades de crédito, las empresas de seguros, la banca en la sombra, infraestructuras del mercado financiero y otras instituciones financieras y mercados. Algunas de esas competencias pertenecen al Banco de España, que estará presente en la ANEF, junto al Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección de Seguros.

Un segundo decreto hará las modificaciones normativas pertinentes para que la CNMV y el Banco de España tengan un papel más activo a la hora de velar por la estabilidad de nuestro sistema financiero y coordinen sus acciones ya que, según declaró Nadia Calviño, ministra de Economía, en su primera sesión de control: "No puede ser como sucedió antes de la crisis que cada institución mire solo su pequeña parcela". La Comisión de Investigación de la Crisis Financiera en el Congreso de los Diputados reprobó el pasado 28 de noviembre la gestión realizada por el Banco de España y el resto de organismos de supervisión pues consideró que "no hicieron frente a sus obligaciones" para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria. 

Inacción de los supervisores en la crisis de 2008

La misma comisión dictaminó que "había herramientas disponibles" para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas "no se usaron por falta de voluntad política" y carga contra el supervisor en su gestión sobre las preferentes pues cree que "propició" su venta pese a tener "constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales". En sus conclusiones destacaron que el sector financiero español "prestó por encima de sus capacidades, y fueron los entes reguladores y supervisores los que obraron muy por debajo de sus responsabilidades". 

A conclusiones parecidas llegó la Unión Europea nueve años antes, en 2009, con la publicación del llamado "Informe De Larosière", que recomendaba la creación de un organismo de la Unión encargado de vigilar los riesgos del sistema financiero. Un año después se creo la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), desde la cual se recomendó al resto de países europeos que creasen organismos similares. Recomendación seguida por todos los Estados europeos, excepto España e Italia. Hasta ahora.