La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno aprobará medidas económicas y laborales para los afectados por el temporal. Entre los afectados, el Consejo de Ministros ha declarado zona catastrófica, actualmente llamada Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, a ocho comunidades autónomas.

Se trata de las regiones de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra. Así, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior está realizando un informe de evaluación de daños y se presentará en el próximo Consejo de Ministros, tal y como ha avanzado Montero.

Estas ayudas establecerán compensaciones por supuestos de fallecimiento o incapacidad producida por el temporal, además de ayudas económicas a empresas y particulares que hayan realizado prestaciones personales o de bienes para combatir el temporal. Asimismo, los Ayuntamientos también recibirán ayudas para compensar los gastos.

Todas las ayudas estarán exentas del IRPF, como asegura la ministra portavoz, además de subvenciones de hasta el 50% en la contratación externa para reparar infraestructuras. En líneas más generales, Montero ha adelantado exenciones en el IBI, reducciones en la cuota de actividades económicas y menores tasas de tráfico.

En el ámbito laboral, ha anunciado medidas que serán compensadas como situación de fuerza mayor, por lo que será el Fogasa quien se hará cargo de las indemnizaciones, según ha anunciado la ministra. Asimismo, “el SEPE podrá autorizar que este tiempo de paro no compute”, explica Montero. Por parte del empresario, podrá exonerarse del abono de las cuotas mientras dure la suspensión de los contratos, a pesar de que estos días sí que serán considerados como cotizados por el trabajador.

Proyecto de ley de trabajadores extranjeros desplazados

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado, a proposición del Ministerio de Trabajo, un proyecto de ley de trabajadores extranjeros desplazados a nuestro país, con el objetivo de adaptarse a la normativa europea. Según Montero, se trata de “hacer un balance adecuado entre la libertad de circulación y de los derechos de los mismos en los que acuden a trabajar”.

Así, en la realización de una actividad laboral durante más de 12 meses los trabajadores extranjeros se acogerán en su mayor parte a la legislación donde se encuentre. “Por primera vez hay un periodo objetivo”, destaca Montero, que recalca la igualdad entre trabajadores extranjeros y nacionales y la ampliación de materias en las que se aplica, entre las que se encuentran las condiciones de alojamiento, complementos de reembolsos o la manutención.

Asimismo, tendrán la garantía de que en el desplazamiento se apliquen los convenios de acogida en todos los sectores y se producirá un refuerzo de la inspección de Trabajo, para que estos profesionales puedan ser acompañados por expertos de otros Estados miembros.