El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley con más de 30 medidas económicas dirigidas a paliar el impacto del coronavirus. El decreto se aprobó en el Consejo de Ministros de este martes y desde esta mañana ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una de las medidas principales es el refuerzo de los mecanismos de control a los ERTES registrados en las oficinas del SEPE.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció hace semanas que los funcionarios públicos estudiarían cada caso concreto de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar el fraude de empresas que se acojan a ello no siendo estrictamente necesario. Y no solo eso, sino que las empresas serían penalizadas por ello.
Ahora, el nuevo Real Decreto incide en las sanciones por la presentación de ERTES fraudulentos. En concreto, se considera una infracción “muy grave”, según el BOE, “efectuar declaraciones o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que los trabajadores obtengan o disfruten indebidamente de prestaciones”.
Con este matiz, el Gobierno incluye que se efectúen declaraciones o se aporten datos falsos o inexactos para considerarse una infracción “muy grave” frente a la situación anterior, donde se consideraba solo el “falseamiento de documentos”.
Estas sanciones estarán penadas con una multa económica que va desde los 6.251 hasta los 25.000 euros en el menor grado; de 25.001 a 100.005 euros en su grado medio y de 100.006 a 187.515 euros en el grado máximo.
En la misma línea, las empresas que hayan intentado presentar un ERTE fraudulento también tendrán que hacer frente a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por sus trabajadores, ya sean las prestaciones por desempleo o la exoneración de cotizaciones.
