Miembros de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social, además de representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se han manifestado este miércoles ante la sede de los juzgados situados en la Plaza de Castilla a la llegada de la directora del IVIMA, Ana Gomendio, imputada por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la venta de los pisos de promoción pública a fondos buitre internacionales a precios muy inferiores a los que ofrecían los inquilinos.
Tres mil viviendas a precios irrisorios
La demanda contra Gomendio se produjo después de que la Comunidad de Madrid vendiera 3.000 pisos a un precio medio de 60.000 euros, cuando a los inquilinos que se interesaron por comprarlos les pedían hasta 150.000 euros. Poco después de que los pisos fueran adquiridos por el fondo buitre Goldman Sanchs-Azora, el nuevo dueño subió los alquileres y envió cartas de desahucio a los vecinos que tenían alquileres pendientes. Las familias afectadas piden la suspensión cautelar de todos los procesos de venta de viviendas del IVIMA y de la Empresa Municipal de Vivienda a fondos de inversión, paralizar cualquier desahucio en marcha y la prórroga automática de los actuales alquileres.
Querella del PSOE
El proceso judicial contra la decisión de la Comunidad de Madrid partió de dos diputados regionales del PSOE que presentaron la querella contra Ana Gomendio, y a ella se sumó como acusación particular la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas, que ha manifestado en un comunicado que "resulta del todo punto inadmisible que, a través de una oscura operación, la Comunidad de Madrid haya vendido a fondos buitre viviendas públicas sin respetar los derechos de sus inquilinos como adjudicatarios, a los que en ningún momento ha consultado su parecer".
Tres mil viviendas a precios irrisorios
La demanda contra Gomendio se produjo después de que la Comunidad de Madrid vendiera 3.000 pisos a un precio medio de 60.000 euros, cuando a los inquilinos que se interesaron por comprarlos les pedían hasta 150.000 euros. Poco después de que los pisos fueran adquiridos por el fondo buitre Goldman Sanchs-Azora, el nuevo dueño subió los alquileres y envió cartas de desahucio a los vecinos que tenían alquileres pendientes. Las familias afectadas piden la suspensión cautelar de todos los procesos de venta de viviendas del IVIMA y de la Empresa Municipal de Vivienda a fondos de inversión, paralizar cualquier desahucio en marcha y la prórroga automática de los actuales alquileres.
Querella del PSOE
El proceso judicial contra la decisión de la Comunidad de Madrid partió de dos diputados regionales del PSOE que presentaron la querella contra Ana Gomendio, y a ella se sumó como acusación particular la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas, que ha manifestado en un comunicado que "resulta del todo punto inadmisible que, a través de una oscura operación, la Comunidad de Madrid haya vendido a fondos buitre viviendas públicas sin respetar los derechos de sus inquilinos como adjudicatarios, a los que en ningún momento ha consultado su parecer".
