El Gobierno de coalición y el Ayuntamiento de Madrid han alcanzado un acuerdo para que, treinta años después, la Operación Campamento eche a andar de una vez por todas. El viernes pasado, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el acalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se daban cita en una de las promociones de pisos ubicados en los terrenos de Defensa. Este martes, el pleno del Consistorio dará luz verde a un proyecto que dotará a Madrid de 10.700 viviendas, pero la polémica está servida por la naturaleza de los inmuebles.
Un “mínimo” del 7% de los pisos deberán ser de alquiler a precios asequibles, porcentaje que apenas representa 750 inmuebles. "Para los que hoy están diciendo que solo va a haber un 7% de viviendas en alquiler, ese es el mínimo al que está obligándonos el Plan General de Madrid, no la iniciativa urbanística de Sepes", defienden desde el Ministerio de Vivienda. Asimismo, aseguran que el 60% de las viviendas, tirando por lo bajo, contarán con algún tipo de protección, sin especificar cual, y el Ejecutivo centra asegura que el 100% tendrá precios asequibles.
La baza defendida por la cartera de Rodríguez es que el 97,7% del suelo utilizado es propiedad del Estado y, en consecuencia, el Gobierno funciona “como propietario”. "Nosotros vamos a establecer un mecanismo para erigir los precios que consideremos asequibles", han trasladado. Sin embargo, más allá de los precios de adquisición de las viviendas, resulta clave conocer cuál será el uso que le podrán dar a la postre los compradores o cuanto se alarga en el tiempo la protección prometida por el Ministerio. El mayor número serán viviendas libres.
Los datos conocidos hasta ahora apuntan a que el 40,2% de las viviendas privadas serán de precio libre; mientras que un 53% tendrán naturaleza protegida, siendo el 36,8% Vivienda Pública de Precio Limitado (VPPL) y el 22,9% Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB). Las libres podrán ser vendidas a precio de mercado y, en el caso de las segundas, podrá hacerse negocio con ellas 15 años después de la construcción, tal y como indica la ley. Simultáneamente, tan solo el 7% será alquiler asequible. Con todo, la naturaleza misma del proyecto deja muchas críticas.
El negocio de la vivienda protegida no es nuevo en España, donde muchos propietarios han certificado importantes negocios a costa de vender a precios de mercado una propiedad que adquirieron años atrás para solventar una necesidad habitacional. Por este motivo, colectivos y formaciones de izquierdas defienden el uso exclusivo en régimen de alquiler de la vivienda protegida o, como mínimo, blindar los inmuebles y evitar que estos puedan ser vendidos a precios de mercado años después, incrementando el problema que se supone que se quiere combatir.
Precios de compra y características
El proyecto contempla la conversión de 2,1 millones de metros cuadrados, de los que 1,5 millones serán usados para crear zonas verdes, carreteras, espacios de servicios y se erigirán viviendas en los 500.000 metros cuadrados restantes a través de tres fases, la última de ellas condicionada al soterramiento de la A-5. Está previsto que las obras se inicien a finales de 2025 o principios de 2026 y que la licitación de las obras de urbanización de la fase 3 se inicien a partir de 2028.
El soterramiento se hará en dos tramos, estando el primero (entre la Avenida de Portugal y la Avenida del Padre Piquer) ya en ejecución. El segundo se iniciará una vez concluido el anterior y llegará hasta Avenida de la Aviación. El Estado entregará al Ayuntamiento tres millones de euros para la redacción del proyecto de soterramiento, que deberá realizarse por parte del consistorio madrileño en 30 meses, y financiará el 25% de la segunda fase (hasta los 146 millones). A partir de ahí, el inicio de las obras deberá realizarse en un plazo máximo de 12 meses.
Una vez concluido todo esto proceso y construidas las viviendas, los precios oscilarán en función de los inmuebles. Desde Vivienda señalan que para una vivienda de 70 metros cuadrados el precio del alquiler rozará los 540 euros al mes, dado que, pese a que el metro cuadrado en Madrid está nueve euros, se utilizará el índice de precios de referencia para el alquiler que el Gobierno creo hace un par de meses para establecerlo.
Por otro lado, el coste de las viviendas que se venderán podría situarse en trono a los 200.000 euros, con las referencias actuales, aunque todavía es un precio que está por determinar. En relación con el proyecto, y alimentando las críticas fundadas que plantean los colectivos por una vivienda asequible, la cartera de Rodríguez está buscando que promotores privados se adhieran a la iniciativa pública prometiéndoles una rentabilidad "del 7%", si bien se les exige que los precios de la vivienda sean asequibles.
