La ley de Vivienda, enquistada desde hace meses, encuentra escollos en su camino a cada paso que da. Tras el parón navideño, la principal diferencia entre las partes del Gobierno de coalición giraba en torno a la cantidad de viviendas que debía tener en propiedad una persona para ser consideradas ‘gran tenedor’. La parte morada, a través de las palabras de Yolanda Díaz, hablaba de cinco viviendas. Los socialistas, que en su momento planteaban un límite de diez, reconocían que estaban dispuestos a reducir este umbral. “Estamos más cerca que nunca” y “es una ley muy importante que hay que sacar cuanto antes” eran las sensaciones que fuentes de ambas partes transmitían a ElPlural.com. Ahora, ha surgido un nuevo problema: topar el precio de los alquileres e indexar sus subidas máximas al IPC.

Cuando el debate y la conformación de esta normal comenzó, allá por finales de 2020, el IPC medio del año no solo era mucho más bajo, sino que marcaba valores negativos. En 2021, año en el que los tiras y aflojas entre Unidas Podemos y el PSOE por esta ley continuaron, la inflación ya había marcado valores mensuales elevados, pero aún seguía cerrando el año en un valor medio que ahora nos parecía bajísimo, pero que ya suponía un gran crecimiento, un 3,2%. Las dos variables citadas (definición de gran propietario e IPC) son determinantes, ya que, según el texto, el límite del precio del alquiler de una vivienda afectaría a los inmuebles en zonas tensionadas que pertenezcan a grandes propietarios. El debate sobre qué es un gran propietario ya se está resolviendo; sin embargo, la piedra en el camino ahora son los determinantes de las zonas tensionadas.

Según reza la ley, para regular los alquileres de una zona es necesario que esta sea considerada, previamente, como tensionada. El primero de los requisitos para ello es que el conjunto del coste de la vivienda y los suministros básicos de esta superen el 30% de los ingresos medios de la zona. Hasta ahí sin problema. El segundo de los requisitos establece que el precio de la vivienda en los cinco años previos a la declaración de zona tensionada debe haber incrementado su precio, al menos, un 5% acumulado por encima del crecimiento anual acumulado del IPC en ese periodo. El problema aparece cuando, a diferencia de en 2020 y 2021, el IPC medio con el que se ha cerrado 2022 es casi un 8,5% y se prevé que en 2023 marque en torno a un 4% de media.

El desmesurado incremento de los alquileres es una realidad plasmada en las estadísticas, motivo por el que podrían dejar crecer a niveles tan elevados. Además, con los valores de inflación media disparados, superar en un 5% el IPC acumulado en el periodo estipulado, al incluir estos nuevos datos, se antoja complicado. Por eso, ahora el Ejecutivo está convencido de que, si quieren regular los precios de los alquileres, deben reducirse las exigencias para declarar una zona tensionada, sino será imposible meter mano en zonas como Madrid, Cataluña, Baleares o Andalucía.

“Se está negociando”, siguen trasladando fuentes de la parte morada a este periódico, pero añaden, dejando claras sus intenciones, que su objetivo es que la regulación de precios del alquiler “sea eficaz y pueda evitar las subidas abusivas de los precios”. Para conseguir esto, el Gobierno progresista puede reducir el porcentaje de superación exigido o eliminar la obligatoriedad de cumplir ambos requisitos para que una zona sea considerada tensionada. Independientemente de la decisión que finalmente asuman los socios, de la que no ha trascendido nada para mantener el buen cauce de la negociación, es evidente que existe la intención de solucionar esta problemática. Mientras, los alquileres continúan disparados.