En 2011, el Partido Popular ganó las elecciones generales con mayoría absoluta, logrando tener manos libres para la puesta en marcha de su programa económico y social. Tres fueron sus principales áreas de reformas, acometidas en el plazo de unos pocos meses: la estabilidad presupuestaria y el embridamiento del déficit público, la reforma del sistema financiero -con el rescate de la Unión Europea por delante- y la reforma laboral. El impacto de las tres reformas fue frutal y nuestra economía recayó en la recesión y la destrucción de empleo, de la que sólo comenzó a recuperarse en 2014. Cuando en 2015 el gobierno del PP llamó a elecciones generales, la economía española tenía un PIB similar al de 2011 y una tasa de paro solo medio punto por debajo de la que tenía cuando el PP accedió al poder.
Y Rajoy se echó a descansar. Desde 2013, no se ha realizado en la economía española ninguna reforma de calado, pese a los requerimientos de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, o los numerosos informes, publicaciones, foros y análisis económicos que apuntaban a la creciente necesidad de retomar la agenda reformista. El hacer del PP ha sido, durante los años 2014 a 2018, sencillamente mantener el rumbo para aprovechar los vientos de cola. En ese tiempo, hemos tenido dos años con mayoría absoluta, un año con el gobierno paralizado por la ausencia de acuerdo en la investidura -primero la fallida del PSOE, luego la repetición de elecciones y la fallida del PP-, un año y medio de gobierno en minoría del PP, la moción de censura y el año de gobierno interino del PSOE, que puede prolongarse, por unas nuevas elecciones, hasta finales de 2019.
En este período de baja actividad en materia de política económica, España ha prorrogado, al menos por unos meses, tres veces sus presupuestos generales: 2016, 2017 y 2018, pudiéndose dar el caso de que, si no se logra un acuerdo de investidura, comencemos 2020 con los presupuestos de 2018.
En definitiva, la parálisis de España no viene de los últimos dos meses, sino de los últimos seis años. Puede que seis meses no se noten demasiado, particularmente si el ciclo económico está fortaleciendo el crecimiento de la economía, como fue el caso de 2016, pero seis años son media década y aunque no se note en el corto plazo, sí se nota en el largo plazo. La ciencia económica hace tiempo que descubrió que uno de los grandes factores de crecimiento económico y bienestar social es tener un entramado institucional funcional. En España, las instituciones no sólo son en muchos casos disfuncionales, sino que no ha habido, en estos años de inactividad, ningún impulso de transformarlas. Si la inestabilidad política se instala y tendemos a una situación política como la italiana, la economía seguirá un curso parecido.
No es por falta de ideas sobre lo que se debe hacer. En estos últimos años se han publicado decenas de libros con ideas y programas de reformas, desde prácticamente todos los lados del espectro ideológico. En febrero de 2019, la Ministra de Economía, presentaba, pocos días antes de la convocatoria de elecciones generales, su agenda para el cambio, un documento comprehensivo en el que se planteaban una serie de reformas económicas que apuntan en la dirección de la transición ecológica de la economía, la lucha contra la desigualdad, la promoción de la competitividad de los mercados y la adaptación a la digitalización y la economía del conocimiento. Una buena estrategia económica a largo plazo que afronta los retos en un contexto además, de alto desempleo, alta deuda pública y menguante productividad. Cuanto más tiempo pase sin poner en marcha estas medidas políticas de alcance, más difícil será hacerlas frente, y más coste económico o social se tendrá que asumir.
En los años de 2000 a 2008, desoímos los avisos de los economistas que señalaban las dificultades y riesgos que corría la economía española. Entre 2009 y 2013 descubrimos que habíamos perdido el tiempo y que los años de recesión no son buenos años para hacer reformas costosas. Deberíamos haber aprendido que los años de bonanza son los apropiados para modernizar nuestra economía, pero en este ciclo iniciado en 2014, que ha sido impulsado por el crecimiento económico internacional -los famosos vientos de cola- no hemos desarrollado ni la mitad de las reformas que sabemos que son necesarias. El ciclo económico sigue robusto y nuestra economía podrá seguir creciendo a buen ritmo en los próximos trimestres. Pero las bases productivas, institucionales y de capital humano de nuestra economía son básicamente las mismas que las que tuvimos en los años previos a la crisis, y, por consiguiente, la aparición de nuevos desequilibrios y riesgos es cuestión de tiempo.
Mientras tanto, los partidos políticos están ofreciendo un espectáculo lamentable en términos de su incapacidad de llegar a acuerdos -no sólo los de un bloque con otro, sino incluso dentro de cada bloque- primando elementos simbólicos frente a los reales, metiendo en la agenda política asuntos sin ninguna importancia real sólo por su eco mediático, o directamente pensando más en el reparto de los puestos frente al desarrollo de políticas sustantivas.
No son estos dos meses de bloqueo, llevamos años así. España necesita una mayoría parlamentaria fuerte y una agenda económica sólida y profunda. Si nuestras fuerzas políticas siguen instaladas en el electoralismo permanente y en el infantilismo cortoplacista de su particular isla de los famosos, que esta semana haya investidura o no, es casi lo de menos, por muy bienvenida que sea.
