Amorós ya había sido apartada de su cargo después de que la caja fuera intervenida y se designaran tres administradores, pero continuaba cobrando su sueldo de 593.040 euros anuales.

Resultados ficticios
La CAM anunció antes de su intervención que había obtenido un beneficio neto de 39,8 millones de euros durante el primer trimestre del año con una morosidad del 8,5%. Sin embargo, el Frob comprobó que la dirección de la caja exponía una situación que no se correspondía con la situación de la entidad, que realmente tenía unas pérdidas de 1.136 millones de euros y una morosidad del 19%, según datos recogidos por el diario Expansión.

Amorós actuó en beneficio propio
El Frob acusa a Amorós de falsear las cuentas, realizar una gestión deficiente y, además, actuar en beneficio propio a la hora de calcular su pensión. Cosa que hizo a menos de un mes después de ser nombrada directora general en noviembre de 2010. Amorós cerró su contrato y pactó con el presidente (Modesto Crespo) su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes (369.497 euros anuales). A este importe se le aplicó una revalorización del 2% anual desde la jubilación. Para fijar el importe se partió de su retribución como directora general, sin confirmar su cargo por la asamblea.

La mala gestión del PP en la entidad
La crisis en la CAM ha puesto al descubierto la mala gestión de los órganos directivos de la entidad, controlados por el PP, y la inacción de la Generalitat de Francisco Camps y sus pugnas con el PP alicantino, feudo de los zaplanistas.

Las pugnas internas del PP valenciano
En abril de este año, el diario Levante reveló que el PP alicantino acusaba a Camps de no haber hecho nada a favor de la entidad, más preocupado por su implicación judicial en el caso Gürtel. Las fuentes citadas por el periódico iban más allá y acusaban al expresidente de seguir una estrategia para debilitar a Alicante.

CGT exigió responsabilidades políticas
El 9 de septiembre, el sindicato CGT denunció en una manifestación en Alicante las responsabilidades políticas tras la crisis de la CAM, apuntando directamente a Francisco Camps, Modesto Crespo, José María Uncio (exalto cargo de la Generalitat con Zaplana) y a José Joaquín Ripoll, como “los responsables de la quiebra” de la entidad.

CGT criticó en su manifiesto que "la CAM fue la hucha donde acudieron a financiar sus atropellos. Su lucha partidista es la que ha provocado la intervención y el hundimiento de la CAM.