La banca española se prepara para afrontar otra oleada de demandas consecuencia de la burbuja inmobiliaria, se trata de las reclamaciones por el dinero entregado en compras sobre plano de promociones inmobiliarias que luego no se construyeron o no se terminaron por la quiebra de las promotoras inmobiliarias.  Entre los bancos que podrían verse afectados figuran Banco Popular, Bankia, BBVA, CaixaBank o Sabadell, entre otros. La base de la reclamación es el adelanto de capital que decenas de miles de particulares pagaron a los promotores de viviendas que se las vendieron sobre plano o en proyecto hace poco más de una década. Se estima que pueden ser 600.000 los afectados, un 30% de ellos en Reino Unido y Alemania.

Una demanda contra la CAM

 El origen ha sido una demanda por una reclamación en Denia (Alicante) contra la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que el pasado mes de diciembre condenó a Banco Sabadell (propietario de la antigua CAM) a indemnizar a la demandante.

La base se retrotrae al franquismo, ya que según la Ley 57/68 promulgada en pleno desarrollismo del régimen pre democrático, el dinero adelantado por los compradores a un promotor debe estar consignado en una cuenta, cubierto por un seguro y separado de cualquier otro fondo del promotor, que sólo podrá disponer de él para la construcción de las viviendas.  Esta responsabilidad es la que, de no existir un aval o seguro, podrían tener que asumir las entidades tal y consta en la sentencia del Supremo.

Los bufetes a la caza de damnificados

El estallido de la crisis y la quiebra de empresas promotoras dejó sin las fianzas adelantadas a miles de ahorradores que ahora intentan localizar despachos de abogados especializados en demandas masivas para que reclamen su dinero a los bancos que custodiaban esas cuentas.

No hay cifras contrastadas sobre la cantidad de dinero que tendrían que devolver los bancos, aunque según la firma asentada en Barcelona Spanish Legal Reclaims (SLR), que ha emprendido una campaña para captar clientes tanto en España como en el resto de Europa, el número total de afectados podría ascender a 600.000 (180.000 de ellos británicos y alemanes, fundamentalmente) por un volumen de 17.000 millones de euros.