Junts per Catalunya ha anunciado que tumbará los tres decretos que buscarán su ratificación la próxima semana: el decreto ómnibus, el del Ministerio de Trabajo y el paquete de medidas anticrisis. La clave se encuentra en el primero de ellos, aprobado el 19 de diciembre, que contempla una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La formación nacionalista asegura que lo contemplado en la norma “pone en peligro la aplicación de la amnistía” y "recorta competencias de la Generalitat en algunos aspectos", a la par que exigen su retirada y la posterior aprobación de un nuevo decreto al respecto.
El decreto ómnibus incluye otras materias cuya aprobación es necesaria si quiere percibirse el cuarto desembolso de los fondos europeos, dotado con 10.000 millones de euros, lo que da más peso a la negativa de Junts. La posición de los de Carles Puigdemont se llevará por delante también el paquete de medidas sociales que incluye, entre otras muchas cosas, la gratuidad del transporte público y la bonificación de los abonos mensuales; la rebaja del IVA de los alimentos; la revalorización de las pensiones o la ampliación de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables.
Tampoco verán la luz las modificaciones en materia laboral que el Ministerio de Trabajo sacó adelante para simplificar y mejorar la protección del nivel asistencial del desempleo, después de superar las tensiones internas protagonizadas por Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Entre las medidas contempladas en este texto destacan el incremento de la cuantía del subsidio del paro, la ampliación del número de posibles beneficiarios de este, la eliminación del mes de transición, la compatibilidad con el desarrollo de un empleo o la mejora de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.
¿Por qué Junts votará en contra?
El partido conservador tiene claro que su única y máxima pretensión es la independencia y si para remar hacia ella es necesario acabar con la revalorización de las 11,8 millones de pensiones, también contemplada en uno de los decretos, la aprobación de medias sociales o la mejora de derechos laborales no dudarán en hacerlo. La justificación de su negativa se encuentra en el artículo 43 bis del Real Decreto-ley 6/2023, centrado en el Plan de Recuperación, la Función Pública, el régimen local y el mecenazgo.
La reunión mantenida este jueves por Jordi Turull (Junts) y Santos Cerdán (PSOE) no ha conseguido encontrar un consenso y las discrepancias continúan focalizadas en el apartado de la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 19 de diciembre que hace referencia a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concretamente, se establece que las causas judiciales se verían suspendidas si un magistrado plantea una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE):
“El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial. Contra la providencia y el auto mencionados en este apartado no cabe recurso”, recoge el punto 1 del artículo 43 Bis.
“Cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento”, se añade en el segundo punto.
¿Y ahora qué?
El colorido parlamentario está más fraccionado que nunca y la consecución de cada mayoría exigirá sangre, sudor y lágrimas al Gobierno. Los independentistas catalanes (Junts y ERC) mantienen una pugna partidista de cara a posicionarse para las próximas elecciones autonómicas, mientras el PNV intenta presentarse como un partido de Estado a nivel nacional y EH Bildu araña mejoras sociales y para la clase trabajadora más ambiciosas a las que el Ejecutivo plantea inicialmente. Cada sector barre para casa y la ciudadanía aguarda para saber que medidas podrá disfrutar en este nuevo año.
La mayoría del Congreso de los Diputado no es ni será progresista durante esta legislatura, por más que líderes del PSOE y Sumar se empeñen en repetirlo. Apenas dos meses ha durado la coletilla a la mayoría que mantuvo a Pedro Sánchez en la Moncloa, hasta que la primera votación de importancia se aproxima a la Cámara Baja para recibir el visto bueno. Las negociaciones no han cesado, pero el Ejecutivo debe asumir que tendrá que ceder a las exigencias independentistas a cada paso que dé.
