El Gobierno y 12,5 millones de trabajadores sufrirán este miércoles un duro revés de la derecha catalana y española. La reducción de jornada hasta las 37,5 horas, sin merma salarial, llega al Congreso de los Diputados para afrontar el debate y la votación de las enmiendas a la totalidad, que pretenden tumbar la ley y no permitir siquiera que dé el primer paso de un largo camino. Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya, tras la confirmación del ‘no’ los independentistas, son los responsables de las tres enmiendas presentadas, que tumbarán la norma y serán votadas conjuntamente al perseguir el mismo objetivo.
Las diferencias insalvables entre los de Carles Puigdemont y las extremas derechas españolistas no son tales cuando los intereses empresariales están en juego. Las grandes patronales han marcado posición y los representantes políticos a su servicio han asumido el mandato, provenga de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o de Foment del Treball. Al PP y Vox ya no se les esperaba, pero lo que ha terminado de arruinar las esperanzas de la coalición ha sido la negativa definitiva de Junts, que ha llegado poco antes de la votación que se celebrará este miércoles.
Es una bofetada a 12 millones de trabajadores
El Ministerio de Trabajo ha intentado hasta el final hacer cambiar de opinión a la formación de Alberto Núñez Feijóo, que no ha dado atisbos de posicionarse con la mejora las condiciones laborales de los trabajadores más precarios y ni siquiera han acudido a los llamados negociadores de la cartera liderada por Yolanda Díaz, y a los independentistas catalanes, quienes se han hecho los remolones hasta emitir un pronunciamiento definitivo, pero la reforma estrella de Díaz para esta legislatura morirá antes incluso de comenzar el recorrido legislativo.
“Llevamos meses negociando con Junts para poder desbloquear la enmienda a la totalidad y que siga adelante este debate”, ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista concedida a la Cadena Ser. Sin embargo, la derecha catalana, que se esconden tras una supuesta defensa de la pequeña y la mediana empresa, “persiste en su idea de frenar en seco el debate”, ha lamentado con resignación, apuntando que desde el Ministerio se ofrecieron medidas de apoyo para las pymes, a la producción, bonificaciones y acompañamiento.
“Tanto Junts como el PP, en esta especie de alianza de derechas, se equivocan radicalmente”, ha valorado la mano derecha de Díaz, recordando a los catalanes que “muchos” de sus votantes están a favor de aminorar los tiempos de trabajo. “No perjudican al Gobierno de España ni al ministerio de Yolanda Díaz, perjudican a 12 millones y medio de trabajadores de este país que claman por la reducción de jornada, a quienes dan una bofetada bien sonora”, ha añadido. “Es un veto que no tiene que ver con la realidad de las empresas ni de los trabajadores”, ha zanjado Pérez Rey-
Cierre de filas en el Gobierno
Pese a que la votación parece estar perdida al 100%, el Ministerio de Trabajo rehúsa de retirar la ley y se descanta por llevarla a la Cámara y que cada formación se retrate con el sentido de su voto. Desde la parte mayoritaria del Gobierno, también favorable a la reducción, apuntan en la misma dirección. Es una medida que “se puede implementar de manera paulatina" y cuenta "con un amplísimo respaldo social, más del 70% de la población”, se ha pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
En una entrevista concedida al canal 24 horas, el cuadro socialista ha cargado contra las formaciones que buscan arruinar el proyecto y que deberán ser las que expliquen su motivación. "Esa es la medida que el gobierno quiere implementar, porque queremos que haya mayor calidad de vida, para que haya más tiempo para la conciliación, para que haya más tiempo para el ocio. ¿Y qué sucede? Pues que hay fuerzas políticas que van a votar en contra. Bien, que expliquen sus motivos, porque este es el debate político", ha zanjado.
Movilizaciones sindicales
El texto que decaerá es fruto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, razón por la que UGT y CCOO también han decidido tomar cartas en el asunto. Ambas organizaciones han anunciado movilizaciones de cara a este miércoles, mientras se votan las enmiendas, en los aledaños del Congreso de los Diputados y en otras ciudades más allá de Madrid. Todo ello con la intención de presionar a los partidos políticos contrarios a la reforma.
“Es paradójico que diputados que ganan 100.000 euros al año, con pisos en propiedad, que tienen acciones y despachitos que les puso papá vayan a votar en contra de reducir la jornada a los trabajadores de la hostelería. Dice mucho del sesgo de clase detrás de esta votación”, ha cargado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha exigido que “se retiren las enmiendas a la totalidad”. “Estamos ante uno de los ejemplos que mejor ilustran la desconexión radical entre lo que preocupa a nuestros representantes y a la gente corriente”, ha espetado.
Durante la misma comparecencia, su homólogo de UGT ha trasladado que “no es de recibo que se pretenda castigar a la inmensa mayoría de personas que queremos que se reduzca la jornada por razones que nada tienen que ver con esta cuestión”. “No se trata de aprobar las 37 horas y media sin más. Es simplemente que se abra ese debate en el Parlamento. Reclamo que no hurten al pueblo español de conocer cuáles son sus opiniones”, ha zanjado Pepe Álvarez.
