España podría haber dado un paso histórico en la reducción del tiempo de trabajo, una tendencia que ya se experimenta en varios países europeos. Sin embargo, la propuesta para fijar en 37,5 horas semanales la jornada laboral, sin que ello implique una merma en el salario, ha chocado con la realidad política: Junts ha anunciado que votará junto al PP y Vox para impedir que la reforma del Ministerio de Trabajo siga adelante. La medida, una de las banderas legislativas de la vicepresidenta Yolanda Díaz, se enfrenta así a un bloqueo parlamentario que frena lo que se presentaba como una de las transformaciones laborales más relevantes de los últimos años.
El Ministerio de Trabajo defendía esta reducción como una palanca de modernización: más tiempo para la vida personal, mayor conciliación familiar y un modelo productivo que no dependa de largas jornadas. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, han respaldado la iniciativa desde el primer momento, subrayando que el mercado laboral español es de los más intensivos en horas de Europa y que rebajar la jornada no tiene por qué mermar la productividad si se acompaña de organización y formación.
Por el contrario, desde la patronal y varios partidos de la oposición se ha advertido que esta medida puede traducirse en un incremento de costes difícil de asumir para las pequeñas y medianas empresas. Junts, en particular, ha justificado su rechazo alegando que la propuesta fue negociada sin contar con las patronales y que, de aprobarse tal y como está redactada, generaría problemas añadidos en el tejido empresarial catalán.
El papel de Junts es determinante: sus votos resultaban clave para que la reforma pudiera superar la primera votación en el Congreso. Al alinearse con PP y Vox, la norma se enfrenta a un veto que la paraliza en su arranque. Desde el Gobierno se interpreta este movimiento como un duro revés político, no solo para Yolanda Díaz y su grupo, Sumar, sino también para el conjunto del Ejecutivo, que había presentado esta reducción como una de sus grandes apuestas sociales.
El debate no es únicamente político. Está en juego qué modelo de empleo quiere consolidar España en un momento de cambios profundos: digitalización, automatización, teletrabajo y nuevas demandas sociales de tiempo libre. Algunos economistas apuntan a que reducir las horas podría incluso mejorar la eficiencia de los trabajadores y reducir el absentismo. Otros, en cambio, insisten en que hacerlo por decreto puede desincentivar la contratación o agravar los problemas de competitividad en sectores clave.
Pese a este bloqueo inicial, desde el Ministerio de Trabajo se insiste en que la propuesta volverá a plantearse. Yolanda Díaz ha reiterado que la reducción de la jornada “no se retira” y que seguirá siendo una prioridad de su acción política. Sin embargo, el horizonte parlamentario parece complicado, salvo que se produzca un giro en las posiciones de Junts o que el Gobierno logre articular nuevas mayorías.
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