Miles de pequeños inversores fotovoltaicos protagonizarán este sábado una 'marcha verde' en Madrid, emulando las protagonizadas por los mineros, en defensa de las energías renovables y concretamente de la fotovoltaica,  que terminará frente al Ministerio de Industria, Turismo y Energía para protestar por la reforma energética que aboca a la ruina a más de 62.000 familias, según la patronal del sector Anpier.

Abocados a la ruina
Según Anpier hay más de 60.000 pequeños y medianos inversores que invirtieron sus ahorros en el negocio solar fotovoltaico y que ahora están al borde de la quiebra por los sucesivos recortes a las primas para energías renovables. Entre los años 2008 y 2009 se desató en España lo que muchos expertos denominaron como 'burbuja solar', porque eran años de dinero fácil y barato y las primas llegaron a ser de 450 euros por megavatio hora, de tal forma que los huertos solares eran rentables aunque no estuvieran en funcionamiento. El primer recorte a esas primas insostenibles se produjo en el Gobierno de Zapatero, siendo Ministro Miguel Sebastián, pero el auténtico tajo llegó con el Gobierno del PP que aprobó un Real Decreto para las energías renovables que puso fin a las primas y estableció una rentabilidad del 7,5% en función de los costes y de la amortización de cada instalación.

Según Anpier los recortes del Ministro Soria equivalen al 50% "de los retornos que garantizaba el Estado, con lo que la mayor parte de las instalaciones resultan inviables".

Apoyo de partidos, ecologistas o sindicatos
Para la manifestación del sábado se fletarán autobuses desde todas las Comunidades Autónomas y además según Anpier cuentan con el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos menos el PP, la asociación ecologista Greenpeace, los sindicatos agrarios Coag y Unión de Pegesos, la plataforma Nuevo Modelo Energético y las patronales Unef y Appa. Por otra parte los inversores fotovoltaicos advierten que la avalancha de demandas, recursos y arbitrajes que ha provocado la normativa aprobada por el Gobierno del PP por la aplicación retroactiva de las medidas ha generado una inseguridad jurídica que provocará desconfianza en los inversores internacionales.