¿Quién paga el impuesto de sucesiones y donaciones en las comunidades autónomas donde no ha sido eliminado? ¿quién paga el impuesto de patrimonio? ¿Significa el impuesto de sucesiones una doble imposición? ¿Son las cotizaciones sociales un impuesto o un salario diferido? ¿Qué porcentaje de población no paga IRPF? ¿Cuándo proponemos una bajada lineal de impuestos, quién sale ganando? ¿Pagamos muchos impuestos en España? ¿A qué se estima el gasto público? ¿Es eficaz este gasto? ¿Quién termina pagando los impuestos como la tasa Google o la tasa bancaria? ¿Cómo sería un país sin impuestos? ¿Es cierto que bajar impuestos aumenta la recaudación? ¿Es cierto que en España tenemos a 15 millones de personas “que viven de los impuestos” de los demás?

La materia que estudia estos y otros aspectos, en economía, es lo que denominamos economía pública, que es la rama de la disciplina que se dedica a estudiar la eficacia de los impuestos, su naturaleza, cómo se recaudan, que distorsiones generan en el mercado y cuál es el modelo más eficaz para garantizar un determinado nivel de ingresos, al tiempo que se encarga de examinar cuáles son los destinos de esos fondos, cómo se invierten, y cual es el beneficio social que se obtiene de todo ello. Pero si hay algo controvertido en el ámbito de la opinión pública económica es precisamente este, el de lo impuestos, donde además más estereotipos, leyendas urbanas, bulos, exageraciones e informaciones incorrectas se transmiten. La cantidad de desinformación que circula en las redes sociales, artículos de opinión, libros de edición efímera, intervenciones públicas y dramáticas historias personales es abrumadora.

Con todo ello, la opinión pública sobre los impuestos sigue, de momento, aguantando este envite. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociológicas, en su barómetro de julio de 2020, en una escala de 0 a 10 donde 0 sería incrementar los servicios públicos aunque sea incrementando los impuestos, y 10 sería bajar los impuestos aunque esto significara reducir los servicios públicos, alrededor del 45% se mostrarían dispuestos, en diferentes grados, a incrementar los impuestos, contra el 20% que, también en diferentes grados, preferiría que bajasen, con un 28% que considerarían que es mejor que se queden como están. Este apoyo a los servicios públicos y a los impuestos, por otro lado, es un apoyo sin convencimiento: la mayoría de la población (52%) piensa que la sociedad se beneficia poco de los impuestos que se pagan, y más aún, el 58% piensa que recibe menos servicios públicos de lo que paga en impuestos. El 40% piensa que en España se pagan muchos impuestos, y un 46% piensa que pagamos tanto o más que el resto de los países de la Unión Europea. En otras palabras: apoyamos el estado social pero no estamos satisfechos ni con lo que recibimos a cambio ni con la distribución del esfuerzo fiscal: un 77% piensa que no se cobran con justicia.

España esta a punto de abrir, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, un proceso que debe llevar a una reforma en profundidad de nuestro sistema fiscal. Es una buena noticia en un país donde el sistema fiscal está construido a través de parches, añadidos y reformas parciales, hasta el punto en el que su eficiencia, equidad y eficacia se ha erosionado en gran medida en los últimos años. Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, las recomendaciones de la Comisión Europea y los vientos que soplan desde Washington para concluir el trabajo sobre la fiscalidad de las empresas multinacionales en el seno del G20 y de la OCDE hacen que el viento sople en la dirección de esta reforma, que podría ser uno de los principales legados de esta legislatura. Sería una oportunidad extraordinaria para que, además de generar la reforma necesaria, se acometiera una gran campaña de sensibilización e información sobre el cómo y el por qué de nuestro sistema impositivo, cuáles son las figuras impositivas y quién paga por cada una de ellas, cual es el uso que se hace de estos recursos y cuál es la eficacia y el impacto que genera la inversión y el gasto público. Una gran iniciativa de educación, formación, información y sensibilización fiscal que permitiera que la ciudadanía tomara decisiones informada. De nuevo, frente a la desinformación, los bulos y las fake news, lo mejor es la transparencia y la pedagogía. Es este un aspecto estratégico de primera magnitud, y tenemos experiencias en ello. Gracias a la FIIAPP y al Instituto de Estudios Fiscales, España ha liderado en el marco del programa EuroSociAL de la Comisión Europea, la puesta en marcha de numerosas iniciativas de apoyo a la educación fiscal en países latinoamericanos, que han permitido mejorar el conocimiento de los sistemas fiscales, la necesidad de fortalecer el apoyo ciudadano al pago de impuestos, la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y la exigencia de una transparencia y rendición de cuentas sobre la eficacia y distribución del gasto público así financiado. Podríamos aprovechar esta experiencia y fortalecer esta dimensión en España, antes de que el apoyo al sistema fiscal justo, suficiente, progresivo y moderno que propugna la Constitución Española se erosione a base de mentiras, bulos, malinterpretaciones e información interesadamente sesgada.