El plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros ha sembrado la polémica en el arranque del mes de agosto. Mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en Twitter su negativa al plan solo unos minutos después, la hostelería de la región se mantiene al margen de cualquier debate político y reclama lo que le interesa: ser una excepción en el Real Decreto-Ley del nuevo plan, que entra en vigor el próximo martes 9 de agosto, con un periodo de adaptación hasta finales de septiembre, y se mantendrá hasta noviembre de 2023.
Tal y como publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), y como ha ratificado en las últimas horas la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, hay una serie de establecimientos que no deberán cumplir obligatoriamente con el paquete de medidas aprobadas. Es el caso de centros sanitarios, asistenciales y educativos, que no tendrán el límite de temperatura anunciado: no más de 19 grados en invierno y no menos de 27 grados en verano.
No obstante, más allá de estos establecimientos esenciales, hay una serie de excepciones en las que, por el momento, no está la hostelería, que sí estaría obligada a cumplir con las medidas como los límites de temperatura y el cierre de puertas de los establecimientos. Una petición que reclama el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, a ElPlural.com: “Esperamos entrar en el apartado de circunstancias excepcionales. No es lo mismo trabajar sentado en una oficina que un camarero”.
Excepciones a la norma de ahorro energético
La vicepresidenta tercera matizaba en la ronda de entrevistas del martes que algunos centros de trabajo podrán acogerse a esta excepción “por razones justificadas” y que, por tanto, podrían acomodar el criterio a una “orientación más laxa”. Una excepción en la que ya aparecen centros de formación en general -ya sean guarderías, colegios o universidades- sanitarios y hospitalarios; medios de transporte y estaciones y otro tipo de establecimientos como peluquerías, lavanderías o gimnasios.
Sin embargo, la hostelería no es uno de los sectores donde se permitiría esa orientación “más laxa”. Al menos no de momento. La propia norma contempla que quedan exentos casos como el de las habitaciones de hotel, de regulación privada, pero que el resto del edificio -es decir, zonas comunes como restaurantes, cafeterías o halls, sí que tendrán que poner el aire acondicionado a mínimo 27 grados en verano y la calefacción a 19 grados como máximo en invierno.
Todos aquellos espacios que no entran en la excepción tendrán que cumplir los límites de temperatura. Esto incluye una larga lista que va desde los edificios de uso administrativo -incluyendo plantas o zonas de oficinas, vestíbulos y zonas de uso público-, comercial -donde se engloban tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y establecimientos similares-, culturales -teatros, cines, auditorios, centros de congresos o salas de exposiciones-, espectáculos públicos y actividades recreativas y, finalmente, también la hostelería. “La ley tiene que ser real, si es irreal no se cumple” -denuncia Aparicio- “En una cocina no se puede mantener ese rango de temperatura”.
Hostelería Madrid: "Vamos a cumplir con la emergencia climática"
Desde Hostelería Madrid aseguran que el sector “va a cumplir con la emergencia climática”, más allá de la negativa de Ayuso de poner en marcha el plan en su comunidad, pero piden concretar más las medidas en los próximos días -la norma entra en vigor el próximo martes 9 de agosto- y el apoyo de la Administración Pública. “La norma generará más costes. Hay que hacer una inversión para adaptar tanto los sistemas de puertas como los indicadores de la temperatura. Esto lo tendrán que pagar las pymes, por lo que pedimos ayuda al sector público y a las diferentes Administraciones Públicas”, reclama el presidente de los hosteleros madrileños.
Los hosteleros deben adaptar sus establecimientos en aproximadamente una semana, con algo más de tiempo (hasta el 30 de septiembre) para adaptarse al cierre de puertas, uno de los cambios más novedosos para el sector. Así lo critica Aparicio en declaraciones a ElPlural.com: “La normativa covid hasta hace unos días, incluso hoy, recomendaba mantener las puertas abiertas para asegurar una buena ventilación. Ahora piden todo lo contrario”. Una medida que se torna complicada en el caso de la hostelería, con un servicio de terraza que “necesita abrir y cerrar constantemente la puerta, con un camarero habitualmente cargado con una bandeja”, explica el presidente de Hostelería Madrid.
"El cliente notará el efecto en una pérdida de confort"
En un caso como este confluyen varios factores: sostenibilidad, ahorro y derechos laborales. Con respecto a los dos primeros, el sector asegura “llevar meses comprometido con el ahorro energético, no solo por la sostenibilidad, sino también por el propio ahorro de costes”, como consecuencia de la guerra de Ucrania. Pero la cuestión que más parece preocupar, tanto a la ministra para la Transición Ecológica como a los hosteleros madrileños, es la protección de los derechos de los trabajadores.
Desde Hostelería Madrid piden que el nuevo Real Decreto Ley confluya con la regulación ya existente para asegurar la protección de los derechos de los trabajadores. En esta línea ha criticado que las medidas del Gobierno se han aprobado “con muy poco consenso” y “casi impuestas, sin tener en cuenta al sector”. Como consecuencia, el presidente advierte que “el cliente notará el efecto en una pérdida de confort”, haciendo referencia al control de la temperatura, por ejemplo. No obstante, confía en la “muchísima empatía demostrada durante toda la pandemia” por los clientes y no prevé una caída de la afluencia en los establecimientos.
Las patronales critican las "medidas intervencionistas" y apoyan a Ayuso
Por su parte, las principales patronales de empresarios de la Comunidad de Madrid, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y Madrid Foro Empresarial, han criticado el paquete de medidas anunciado por el Gobierno, calificándolo de "intervencionista", en palabras de Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
“Aplicando el sentido común y para hacer frente al desbocado precio de la energía que sufrimos en España, hemos logrado ya ahorrar un 5% en la factura energética, intentado además no penalizar las ventas", asegura el portavoz de la principal patronal regional. Asimismo, reclama que la climatización debe "permitir trabajar con comodidad y seguridad y, al mismo tiempo, ofrezca un entorno agradable a los clientes. Es compatible el ahorro con la actividad económica".
También desde Madrid Foro Empresarial apoyan la negativa de Ayuso a aplicar el plan de ahorro y eficiencia energética en la región. “Una ciudad con los escaparates apagados, con el zocalo comercial apagado es una ciudad muerta, peligrosa y, que no lo dude el Gobierno, aumentará la inseguridad ciudadana", denuncia el presidente de la patronal, Hilario Alfaro. La crítica de los empresarios pasa también por la falta de detalles de la norma tras el apagado de los escaparates. "¿Tiene preparado un plan policial cuando apaguemos los escaparates? Estoy seguro que no", justifica Alfaro.
