El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha desvelado su postura sobre el impuesto extraordinario a los grandes bancos anunciado hace semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que pasará su trámite parlamentario este martes. El segundo del BCE y exministro de Economía con el Partido Popular ha defendido públicamente que este impuesto no tiene por qué afectar a los costes de financiación o a restringir el crédito de las entidades bancarias.

El experto ha participado en el foro Encuentros en Castilla y León este lunes, donde ha analizado en profundidad la situación económica actual de la eurozona. Asimismo, ha defendido las previsiones y actuaciones adoptadas por el BCE. Aunque no ha querido pronunciarse de forma clara por su cargo en el BCE, el exministro de Economía de Mariano Rajoy ha asegurado que no tendría un impacto sobre la solvencia de las grandes entidades españolas. No obstante, ha matizado que su opinión “no es vinculante”.

El exministro ha señalado que el impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes entidades bancarias no debe afectar a los costes de financiación a las pymes y las familias, pero tampoco a los créditos y a la solvencia.

De Guindos ha querido lanzar un mensaje de advertencia al sector bancario ante los problemas que podrían acarrear medidas cortoplacistas, ante lo que ha recomendado mirar al futuro en un momento “complejo” para la economía europea. El economista prevé un menor crecimiento, una inflación “alta y persistente” y la incertidumbre de la guerra de Ucrania, con el consiguiente impacto en los precios de la energía.

El IEE advierte de lo contrario: “Es potencialmente inconstitucional”

Una opinión contraria sobre el impuesto a los grandes bancos tienen desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que ha advertido este mismo lunes sobre la potencial inconstitucionalidad del gravamen. El organismo, presidido por Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE, considera que el impuesto a la banca es "potencialmente inconstitucional y no se adecúa al derecho comunitario", por lo que destaca la probabilidad de recursos contra su aplicación, que terminarían con la declaración de inconstitucionalidad.

En un informe liderado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Valencia, Juan Martín Queralt, el IEE alerta que el impuesto a la banca podría costar 5.000 millones de euros a la economía, así como la destrucción de 72.000 puestos de trabajo. El estudio alerta de que este tipo de impuestos generan “inseguridad jurídica”, tanto en el fondo como en la forma elegida para su tramitación.

"El gravamen temporal a los bancos es en realidad un impuesto. Tiene los elementos típicos de un tributo y en concreto de un impuesto, dado que su presupuesto de hecho está constituido por hechos que ponen de relieve la capacidad económica, se gestiona como un tributo, se revisa como un tributo y se ingresa en el Tesoro Público para financiar el gasto público", han señalado en la presentación del informe este lunes. De hecho, consideran que el impuesto vulnera el principio general de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución Española por su retroactividad.

El Instituto de Estudios Económicos considera también que el impuesto extraordinario a las grandes entidades nacionales supone una desventaja competitiva frente al resto de bancos europeos. En esta línea, defienden que va en contra de principios básicos como la libertad de establecimiento, libertad de prestación de servicios y libertad de movimiento de capitales.