Las reacciones de miembros del Gobierno al comunicado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) hacía publico este viernes se siguen sucediendo. Una de las primeras figuras en reaccionar ha sido Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, que ha acometido duramente contra la patronal y Antonio Garamendi, presidente de la organización, de los que ha señalado “no les gusta la igualdad”. A la ola de respuesta se ha sumado Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ha asegurado que es “normal y habitual” que la subida de las cotizaciones se alinee con el incremento de las pensiones máximas.
Así, ante las acusaciones de la CEOE, que ha calificado la medida como “impresentable y unilateral”, la titular de la cartera de Economía ha indicado que "lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de cotizaciones máximas para garantizar el equilibrio de todo el sistema". El revuelo causado responde al aumento de las bases máximas de cotización un 8,6% de cara a 2023.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, también ha reaccionado y ha reconocido sentirse “sorprendido” por el revuelo y la respuesta dada por parte de la patronal. “No se trata de nada novedoso”, ha asegurado durante su visita a las Islas Canarias, donde ha participado en un coloquio sobre afiliación y mercado de trabajo y se ha reunido con los agentes sociales de la comunidad.
La patronal tacha la medida de “impresentable”
La CEOE ha reaccionado duramente contra la subida de las cotizaciones, a la que ha tildado de “inadmisible e impresentable”, a la par que ha afeado que haya adoptado esta medida “de manera unilateral y a espaldas del diálogo social”. “La decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social. En un contexto en el que el Gobierno insiste a los agentes sociales para acordar un pacto de rentas, no se entiende que el mismo Ejecutivo tome decisiones unilaterales en aspectos que afectan a este de forma sustancial”, puede leerse en el comunicado.
A las críticas procedente del sector empresarial se ha sumado Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha reprochado que el incremento de las bases máximas implica un aumento del coste para las empresas en 1.600 euros por trabajador y de unos 350 euros para los trabajadores. "Es la peor noticia y una decisión que toma el Gobierno de forma unilateral que es un daño terrible al diálogo social, que lo devalúa y que indudablemente va a tener consecuencias muy graves en las empresas que crean empleo", ha alertado Amor.
