El Gobierno continúa dando forma al impuesto destinado a gravar a las grandes fortunas que anunció la semana pasada. Como ya adelantó María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, tendrá un carácter “absolutamente excepcional” y afectará a “personas millonarias, que no superan un 1% de la población”. La intención del ejecutivo es que entre en vigor “lo antes posible”, con la previsión de que esto suceda el 1 de enero de 2023. Ahora sabemos que las pretensiones de recaudación alcanzan los 1.500 millones de euros y se pretende contemplar una deducción para aquellas fortunas que abonen el Impuesto de Patrimonio, según la información publicada por ElPaís y que Hacienda no ha confirmado.
Se evidencia con este anuncio que la intención de Hacienda es combatir la bonificación fiscal a los ricos que territorios del Partido Popular (PP) han decidido implantar, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, a Madrid se han sumado ahora Andalucía y Galicia, aunque la última con una bonificación del 50%, a diferencia de las otras dos Comunidades Autónomas que directamente han suprimido el gravamen. A estas, se sumará Murcia, como ha confirmado su presidente, Fernando López Miras.
1.500 millones de euros de recaudación
El grueso de recaudación procederá de grandes fortunas que tributan en la Comunidad de Madrid, donde residen la mayoría de ricos por la escasa carga impositiva existente. Esta estrategia de los territorios del PP ha sido descrita como “competencia a la baja” por la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha afeado que las autonomías populares compitan entre ellas y dejen en una situación de desventaja al resto. Las cifras así lo muestran y, según datos de la Agencia Tributaria de 2020, en Madrid se dejaron de recaudar 1.000 millones de euros, montante que será mayor en años no marcados por la pandemia.
A la capital española se le suma lo que se dejará de recaudar en Andalucía, 120 millones según los últimos datos disponibles, en Galicia (66 millones) y Murcia (27 millones). En suma, se espera que el nuevo gravamen compense en torno a los 1.500 millones y afecte únicamente a los territorios que han practicado la ‘secesión fiscal’ fomentada por Ayuso. Además, se prevé que el impuesto cuente con un mecanismo de ajuste similar al que existe entre el IRPF y el Impuesto de Patrimonio.
Desde el Gobierno de coalición se espera ir más allá con esta política y complementar el nuevo gravamen con un recargo en la base de ahorro del IRPF, iniciativa que está reflejada en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos de cara a la conformación del Ejecutivo. Ya en los Presupuestos Generales de 2021 se aprobó una subida de 3 puntos, del 23% al 26%, para rentas por encima de los 200.000 euros, lo que supuso un aumento de la recaudación de 323 millones. De cumplirse el compromiso firmado, se elevará hasta el 27% el tributo de las rentas superiores a 140.000 euros.
