El Gobierno de Galicia ha anunciado una bonificación del 50% sobre el Impuesto de Patrimonio que pagan las fortunas superiores a los 700.000 euros. Se suma así a Madrid, Andalucía y Murcia y ya son cuatro los territorios gobernados por el Partido Popular que optan por descontar impuestos a las rentas más altas. De esta manera, todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, a la espera de Castilla y León, se suman a la secesión fiscal liderada por Isabel Díaz Ayuso que favorece a los más ricos, en detrimento de los servicios públicos.
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, lo ha anunciado esta mañana en un foro privado de La Voz de Galicia y Abanca. “Galicia seguirá su propia senda”, aseguraba después de conocerse el anuncio de Juanma Moreno, aunque, finalmente, el camino elegido ha sido el mismo que el de sus homólogos conservadores. Así, el gravamen, que ya estaba bonificado al 25%, dejará de recaudar el 50% de lo que las grandes fortunas deberían abonar.
“Actuamos pensando lo que nos conviene hacer aquí. Nos miramos en el mejor espejo, que es el espejo de Galicia y no lo hacemos en función de los titulares”, asegura Rueda. No obstante, la realidad es que la decisión ha sido tomada después del desencadenamiento de la espiral competitiva desatado por Juanma Moreno, que ha arrastrado ya a Murcia y Galicia, en su intención de competir con Madrid y, más concretamente, con Ayuso. Todo ello con el apoyo y beneplácito de Alberto Núñez Fejóo, presidente del PP.
“La Xunta cuando toma una decisión fiscal tiene que mantenerla y hace lo que estima más oportuno”, ha destacado el presidente de la Xunta, quien, después de anunciar que perdonaría la mitad del impuesto a patrimonios superiores a 700.000 euros, destacaba que “lo que pide la gente es que los servicios públicos funcionen”. Sin embargo, Rueda no ha creído conveniente explicar cómo, recortando la recaudación, los servicios públicos no se verán damnificados.
Castilla y León, el ‘último superviviente’
El Gobierno de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, no ha negado la dura afectación de la política fiscal de Madrid, que “roba” inversión a la comunidad y les obliga a competir. “Estamos en esa carrera”, aseguran. Sin embargo, el Ejecutivo de Mañueco no tiene planeado suprimir el impuesto de patrimonio, algo que sí hizo el pasado año con el impuesto de sucesiones y donaciones.
Mientras, las presiones por parte de la patronal y de las empresas que la conforman comienzan a llegar al único gobierno autonómico del PP que, por el momento, no caminan hacia la supresión del gravamen. “Continúe el positivo camino en su política de reducción impositiva y siga el ejemplo de Andalucía”, presiona la CEOE de Castilla y León al Ejecutivo. No puede saberse si estas presiones surtirán efecto y si el territorio díscolo se sumará a Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia. Lo que si se evidencia es que una guerra fiscal ha dado comienzo y cada agente está ocupando su lugar.
