El tensionamiento del mercado de la vivienda es cada vez mayor y el trascurso de los meses no hace más que evidenciar que los precios no van a dejar de subir. A la especulación, la acumulación de inmuebles en pocas manos y la falta de vivienda pública se le suma la propagación de pisos turísticos, incentivada por la inacción de los gobiernos neoliberales de algunas comunidades autónomas, proclives a dejar al mercado campar a sus anchas, pese a la situación cada vez más dramática de sus ciudadanos.
El precio del alquiler se ha incrementado en un 13,2% en el último año, según datos de Idealista, y la compra tampoco es una opción, ni siquiera acudiendo al mercado de segunda mano, cuyo precio ha crecido un 8,4% en el mismo periodo, apunta Fotocasa. Con las competencias en materia de vivienda transferidas, las autonomías del Partido Popular (algunas con Vox) se han negado a aplicar la ley de Vivienda y ahora el Gobierno central se plantea actuar para poner coto a la plaga de inmuebles turísticos que está asolando el país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado este lunes, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, una serie de abordajes en esta materia. Si bien estas propuestas destinadas a “poner coto” a los pisos turísticos serán planteadas a las comunidades autónomas y el resto de administraciones el próximo miércoles, los posicionamientos conservadores no anticipan puntos comunes. La creación de un registro estatal que controle el número de viviendas de uso turístico y una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal son los dos abordajes que ha puesto sobre la mesa.
"¿Podemos modificar la Ley de Propiedad Horizontal para ver si ponemos coto al fenómeno de los apartamentos o pisos turísticos? ¿Podemos crear un registro a nivel estatal sobre estos pisos turísticos para que no haya un uso fraudulento o podamos controlar el incremento de estos pisos turísticos, sobre todo en las grandes urbes? Este tipo de medidas las queremos plantear al resto de administraciones y al conjunto de la sociedad", ha trasladado el jefe del Ejecutivo. Por el momento, tan solo son preguntas sin respuesta de los actores implicados.
Sánchez apuesta por el método Collboni
El jefe del Ejecutivo ha reconocido no tener competencias en la materia y se ha mostrado favorable a la política adoptada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que le ha declarado la guerra a los pisos turísticos. El regidor de la ciudad condal ha anunciado que pretende acabar con 10.000 licencias dadas a este tipo de inmuebles de cara a 2028, actuación que puede tomar gracias a una norma aprobada por la Generalitat a finales de 2023. A respecto, Sánchez ha considerado la decisión “valiente” porque ha abierto “un debate muy importante en la sociedad”.
Por su parte, "el Gobierno de España, pese a que nosotros no tenemos competencias en este ámbito, sí quedó mandatado por la Ley de Vivienda para crear un grupo de trabajo y plantear una propuesta que vamos a hacer y vamos a plantear al conjunto de la sociedad y al resto de instituciones este mismo miércoles", ha recordado Sánchez. La ley tan solo está siendo aplicada en Cataluña y algunos ámbitos de aplicación nacional, como la prohibición de que las inmobiliarias cobren sus servicios al inquilino, están siendo totalmente vulneradas.
No obstante, estos conglomerados empresariales continúan actuando ilegalmente sin ninguna consecuencia, dada la permisividad autonómica. Al hilo, el presidente ha explicado que existen muchas competencias que están en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y que el objetivo del Gobierno es el de tratar de coordinar todos los esfuerzos de estas instituciones e incorporar algunos nuevos, como las mencionadas propuestas para crear un registro estatal de pisos turísticos o la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.
"Creo que el mensaje político es, para el conjunto de los ciudadanos, que el Gobierno de España no permanece ajeno a esta cuestión y que, desde luego, con nuestras herramientas, porque hay muchas competencias que están en manos de las comunidades y los ayuntamientos, vamos a contribuir a resolver uno de los principales problemas que explica el alza de los precios del alquiler", ha asegurado. La vivienda fue definida por la coalición como “el quinto pilar del Estado del Bienestar” y, por el momento, sigue siendo un problema, cada vez más agravado y determinante.
