El Gobierno comienza a impacientarse y la asunción de nuevas medidas que abaraten el precio de la cesta de la compra es una realidad cada vez más tangible. Ante la insolidaridad de las distribuidoras que, según apuntan organizaciones de consumidores, no han trasladado la supresión o reducción del IVA en productos básicos al precio de venta al consumidor; el Ejecutivo de coalición se ve empujado a ir más allá. Sobre la mesa del Consejo de Ministros el asunto ya se está debatiendo con dos vías de actuación diferenciadas y representadas por las dos parte conformantes.
En los últimos días de diciembre, en el marco del decreto anticrisis que mañana será votado en el Congreso de los Diputados, se aprobaron dos medidas para responde al elevado precio de los alimentos. Una de ellas, a propuesta de Podemos, la aprobación de un bono de 200 euros para familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros (4,2 millones de familias). La segunda, más polémica, la supresión del IVA de los alimentos de primera necesidad, que estaban gravados con el superreducido 4%, y la rebaja del que afecta al aceite y la pasta, del 10 al 5%. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apunta ahora a que esta segunda medida favorece en mayor medida a las rentas más altas (el 1% más rico ahorra el triple que las rentas más bajas).
Ante esta tesitura, el Ejecutivo de Sánchez ahora se plantea intervenir en el mercado, siguiendo la línea de países como Grecia o Francia. “Alguien se está forrando a costa de la crisis, y ese alguien tiene nombre, las grandes empresas”, ha repetido a lo largo de las últimas semanas Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social. La línea de la parte morada del Gobierno, encabezada por Ione Belerra, líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, es clara: intervenir en mercado y poner un tope al precio de los alimentos básicos.
No obstante, debido a las reticencias de la parte socialista a actuar sobre los precios, los morados plantean descuentos, al estilo de los carburantes, financiados con un impuesto a los beneficios extraordinarios de los grandes supermercados, similar al interpuesto a la banca y las eléctricas. Esta medida podrá ser estudiada por el Gobierno, aunque no se plantea todavía la definición de un nuevo gravamen. Hacienda parece no estar muy por la labor de diseñar una nueva figura impositiva y, mucho menos, de aceptar una intervención pública que aseguran que vulneraría la libre competencia.
Sea cual sea la decisión que finalmente decida asumir Sánchez, deberá hacerlo con celeridad; ya que, el peso de la cesta de la compra es cada vez mayor en las rentas de los hogares más humildes. Por el momento, desde Asuntos Económicos piden tiempo para ver reflejado el descenso de impuestos en los precios de venta al público, confiando en que finalmente los supermercados trasladen la rebaja. No obstante, la rebaja o eliminación del IVA supone un ahorro que, de ser acometido por las distribuidoras, apenas alcanza los cuatro céntimos por euro, cantidad ínfima en comparación con las subidas de más del 50% que han reflejado algunos alimentos.
