La llegada masiva de los fondos europeos next generation, sumados a otras partidas y ayudas nacionales, está desbordando la capacidad resolutiva de los servicios estatales encargados de su gestión. Este servicio es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que achaca una falta de personal. "La Unidad de Verificación de IDAE dispone en la actualidad de solo 3 efectivos con carácter indefinido, que se complementan con 15 técnicos contratados por obra, y con una fuerte rotación, lo que obliga que IDAE deba utilizar servicios externos especializados para apoyar la realización de los trabajos previstos", aseguran a través de un documento oficial.

El problema de falta de personal se ha visto agudizado por el aumento simultáneo de la carga de trabajo. Hasta el presente año, el organismo gestionaba una media de 600 expedientes de los fondos Feder entre 2017 y el 2021. De cara a 2022 prevé auditar 1.642, que ascenderán hasta los 3.821 en 2023 pensando en cumplir con los plazos acordados con Bruselas. "Dado el elevado número de expedientes de ayudas a verificar en el conjunto de todos los programas de ayudas, el IDAE requiere disponer de personal suficiente y especializado para poder cumplir con las responsabilidades de gestión, en los plazos establecidos", transmite desde el organismo.

Por estas razones, el Ejecutivo se ve a estas alturas obligado a acudir al Big Four para alcanzar sus objetivos. Deloitte, PwC, EY y KPMG son las cuatro firmas que componen este prestigioso grupo en el que ahora se depositan las esperanzas. Concretamente, el IDAE busca 67 profesionales a tiempo completo para los próximos 21 meses. El mecanismo para seleccionar la empresa, como no podía ser de otra manera, es el concurso público, cuyo valor ascenderá hasta los siete millones de euros, información confirmada por Joan Groizard, director del órgano.

“La tramitación de los programas de ayuda gestionados por el IDAE requerirá de una agenda exigente en el cumplimiento de plazos para poder llegar a retener ese gran volumen de fondos, siendo necesaria una rápida gestión, necesidad que se confirma urgente e inaplazable", señala la documentación oficial. "El gran volumen de fondos que ha supuesto para IDAE la entrada en vigor del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) unido a los recursos que viene gestionando como Organismo Intermedio del POPE 2014-2020 (1.480 millones de euros), ascendiendo en su conjunto a cerca de 7.000 millones de euros, convierte al IDAE en el principal organismo ejecutor de los fondos”, añade el servicio dependiente de Transición Ecológica.

La acumulación de expedientes, como señalan desde la IDAE, es el principal escollo que está solventando el Gobierno que, de forma conjunta con el Portugal, ha solicitado a Bruselas flexibilizar y ampliar los plazos de absorción e inversión de los 72.000 millones de euros que desde la Unión se quieren entregar a España, a cambio de reformas e hitos, eso sí. Por el momento, la ejecución de los next generation, debido a su gran magnitud, está llevando un ritmo lento, pero desde el Ejecutivo existe confianza y tranquilidad de cara a ir incrementando la velocidad de aplicación.

Cabe destacar que, estos fondos son una de las apuestas más fuertes de la economía española y uno de los pilares en los que sustenta su crecimiento, según cifras del Gobierno, de cara al próximo año. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cartera con una de las mayores partidas de fondos, llama a la tranquilidad. “Existe la necesidad de ejecución de los fondos. Lo que ahora toca es centrarnos en garantizar esa ejecución”, aclara en una entrevista concedida a TVE, buscando normalizar la situación. Además, asegura que no es un proceder de emergencia el asumido por el Gobierno, sino que, simplemente, se están “adaptando los mecanismos”.