El Gobierno continúa con su apuesta por combatir el desperdicio de alimentos y ha recuperado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, norma que se encontraba en el Senado cuando decayó por la disolución de las Cortes Generales. “Aquí no se tira nada”, ha resumido Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde a la iniciativa. “No es un eslogan, es un imperativo categórico muy claro”, ha sentenciado.

El desperdicio alimentario perjudica más drásticamente a las personas vulnerables y las clases más bajas, que observan como los bienes de primera necesidad se encarecen. Además, el malgasto de recursos naturales que escasean, el aumento de los residuos, con el impacto ambiental que esto supone, y los efectos negativos sobre la eficiencia y competitividad del sector productivo han empujado al Ejecutivo a recuperar una de las puntas de lanza de la cartera liderada por Planas.

En este sentido, Planas ha explicado que el imperativo categórico tiene cuatro pilares sobre el que se sustenta: “La eficiencia económica, dado que la producción alimentaria supone el uso de trabajo y capital que no podemos tirar a la basura; el contenido ambiental claro, pues la pérdida de recursos naturales como el agua o la erosión del suelo; la justicia social es muy importante, pues son los más vulnerables las principales víctimas; y un componente moral y ético porque no podemos obviar que vivimos en un mundo en el que 800 millones de personas sufren hambre o malnutrición.

La prevención y la concienciación son los pilares del marco legal que ha definido el Gobierno, centrado en los detonantes del desperdicio alimentario que, según los últimos datos disponibles (2022), es de 65,5 kilos por hogar. Las causas principales detectadas son los errores en la planificación y calendario de cosecha, el empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, la deficiencia en las condiciones de almacenamiento, las malas técnicas de venta al por menor y de los proveedores de servicios y el comportamiento inapropiado de los consumidores.

Agricultura defiende que la nueva norma busca fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la recuperación, la reutilización de subproductos, la donación y contribuir de esta manera a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable. Para ello, se define una jerarquía de prioridades para el destino de alimentos que van a desperdiciarse y su transformación, todas ellas contempladas en un plan de prevención y un paquete de “buenas prácticas”.

Medidas concretas

La nueva norma, de conseguir el visto bueno mayoritario, obligará a todos los participantes de la cadena alimentaria a contar con planes de prevención de pérdidas y desperdicio. “El propósito es que las empresas realicen un autodiagnóstico”, explican desde el Gobierno. En lo que se refiere al orden jerárquico, la prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos.

La segunda opción es la transformación de los alimentos, si estos están en condiciones óptimas, en derivados como los zumos o las mermeladas. Será tras contemplar esta opción y cunado se confirme que no son aptos para el consumo humano cuando la preferencia pasará a ser, en el siguiente orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles.

Más allá de las obligaciones, también se establecen una serie de “buenas prácticas”. Es en este punto que el Gobierno recomienda a los establecimientos comerciales a contar con líneas de venta de “productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos”, a la par que a promover el consumo de “productos de temporada, de proximidad o ecológicos”. Además, de cara al aprovechamiento, también se anima a incentivar la venta de productos con la “fecha de consumo preferente o de caducidad próxima”.

La responsabilidad del Gobierno será de elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario. Este plan, que se revisará cada cuatro años, definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito. Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la materia, se emplaza a elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario, que contendrá objetivos generales y prioridades para las tareas de control.