Esta semana ha causado cierto revuelo en la opinión pública un informe elaborado por la consultora Freemarket y recogido por el periódico El Mundo, en el que se afirmaba que el número de pensionistas, funcionarios y parados con prestación supera al de los trabajadores en el sector privado. La conclusión que extraía de esta sencilla comparación de cifras es que este modelo es inviable: los trabajadores del sector privado terminan pagando muchos impuestos para “sostener” a tantas personas que viven del presupuesto público.

Este análisis, muy celebrado por los liberales patrios, no es nuevo. Se viene repitiendo con cierta periodicidad, particularmente cuando se hacen públicos los resultados de la EPA, con la que podemos actualizar estos datos de manera trimestral.

Este enfoque es incorrecto desde muchos puntos de vista. Comencemos por el final: la presión fiscal en España es inferior, en varios puntos, a la de nuestros países de referencia, por lo que no se comprende bien por qué un trabajador español considera insoportable pagar un 21% de IVA en muchos productos y un trabajador danés o croata puede pagar un 25%. Un estudio de la consultora KPMG demuestra que, de entre una selección de 17 países europeos, España tiene un sistema de impuestos sobre el trabajo que sólo es más ligero en Suiza y Francia, y muy similar al Británico. El sector público en España es mucho menor que la media de la eurozona, y la presión fiscal también. Considerar esta carga insoportable es totalmente equivocado, y respalda una clara orientación política.

Pero yendo al meollo de la cuestión, la pregunta clave aquí es qué consideramos la “España sostenida”. Según los autores del informe y del artículo de El Mundo, los trabajadores del sector púbico se encuadran dentro de la misma. Es decir, que los profesores que trabajan en la educación de nuestros hijos, los médicos del sistema de salud pública que nos curan y cuidan, los policías que mantienen el orden público o los jueces que garantizan la seguridad jurídica, son “sostenidos”. He elegido estos sectores porque sin educación, salud, orden público o seguridad jurídica, bienes ofrecidos por el sector público, es imposible que florezca una economía de mercado desarrollada. Si a ello añadimos las infraestructuras, la defensa nacional, las políticas de I+D, tendremos el panorama completo. Sin estos servicios públicos, no hay economía que prospere. Es más, dando la vuelta a la tortilla, podríamos afirmar sin sonrojo que la economía de mercado sobrevive porque crece en ese contexto. En otras palabras, los trabajadores públicos ofrecen con su trabajo servicios indispensables para el florecimiento del sector privado. Sin impuestos no hay policía ni sistema judicial, y sin sistema judicial no se tiene más propiedad privada que la que pueda defender con un rifle, al más puro estilo del salvaje oeste, que por algo se llamaba salvaje.

Todavía más, buena parte del sector privado recibe una parte sustancial de sus ingresos del propio sector público. Pensemos en las grandes concesiones de obras e infraestructuras, o en los contratos de servicios públicos -por poner un ejemplo, el sector público genera el 18% de los ingresos del sector de consultoría en España-. En otras palabras, el sector público es el principal cliente de muchos sectores económicos. Pero pensemos también en el consumo de los funcionarios, parados con prestación y pensionistas: gracias al mismo, se incrementa la actividad económica del sector privado. En otras palabras, el dinero que se recauda por impuestos no termina en una incineradora, sino que vuelve al sector privado, a las empresas, vía consumo público o consumo privado, generando rentas y actividad económica. A este proceso se le llama “modelo circular”, y cualquier curso de economía, incluyendo los de bachillerato, lo incluyen. El sector público depende del sector privado tanto como el sector privado depende del sector público.

Cualquier lector avispado podría decir: perfecto, pero es que yo quiero que esos servicios que me ofrece el sector público me los ofrezca el sector privado. Puede probar a contratar un plan de pensiones que le garantice el 85% de su renta actual por un número indeterminado de años, puede probar a contratar un servicio médico para usted y su familia con las coberturas del sistema público de sanidad, si tiene hijos, sume a su plan de pensiones y a su seguro médico el coste anual de un curso en un centro privado o en una universidad privada, sume también el coste del transporte público, y piense contratar seguridad privada. Los servicios públicos pueden ser en ocasiones ineficientes, caros o fastidiosos, pero habría que compararlos con lo que cada uno de nosotros podría pagarse de manera independiente. Si es usted una persona con altos ingresos, le compensará no pagar impuestos y proporcionarse servicios por su cuenta. Si es usted una persona con medios o bajos ingresos, créame si le digo que el sector público le sale a cuenta. El sistema social es un mecanismo de solidaridad en el sentido fuerte de la palabra, aquél que permite que entre todos y todas nos proveamos de los servicios que democráticamente elegimos tener, como la seguridad jurídica, la atención sanitaria, la educación básica, o una vejez digna, por el mero hecho de ser ciudadanos.

En un libro liberal donde los haya, “El optimista racional” (Taurus 2010), Matt Ridley saluda la especialización y el intercambio como el motor del crecimiento económico y la prosperidad. Sin esa especialización y sin ese intercambio, seguiríamos siendo cazadores recolectores. El sector público moderno es fruto de ese proceso de especialización e intercambio. Así que calificar a esta parte de nuestra economía como “la España sostenida” es un ejercicio no sólo irresponsable y éticamente reprobable, sino incorrecto desde una perspectiva mínimamente consistente de la economía como disciplina. Su único objetivo es propagandístico y como tal debe ser denunciado.