La propuesta emitida por la Comisión Europea, que pretendía incluir el gas y la energía nuclear en la clasificación de energías verdes, ha sido rechazada por la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. En una votación apretada, con 76 votos a favor, 62 en contra y 4 abstenciones, los eurodiputados de las comisiones se han posicionado en contra de la propuesta de taxonomía que considera el gas y la nuclear como actividades económicas sostenibles.

No obstante, esta negativa no supone el rechazo definitivo a la propuesta, ya que tendrá que ser el pleno del Parlamento Europeo el que decida si se reconocen ambas energías como sostenibles. El pleno se celebrará entre el 4 y 7 de julio, puesto que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo tienen de plazo hasta el próximo 10 de julio para decidir si quieren vetar la propuesta del Ejecutivo comunitario. Si una mayoría de 353 eurodiputados rechaza la propuesta de Bruselas, la Comisión Europea tendrá que retirarla o modificarla.

Los eurodiputados han solicitado que cualquier enmienda que se interponga en relación con este acto delegado debe ser sometida a consulta pública, así como a un análisis de su impacto en términos económico, medioambiental y social.

La Comisión Europea presentó su propuesta para una taxonomía sobre inversiones verdes en la Unión Europa el pasado febrero. En el borrador de dicha propuesta, a pesar de que tanto sus expertos asesores como España, Austria, Dinamarca y demás países se mostraron en contra; el órgano decidió incluir en la clasificación de energías verdes al gas y la nuclear. De esta manera, el Ejecutivo comunitario asume la división que genera la reforma y, aunque no reconoce a estas dos energías como neutras ni renovables a nivel climático, las defiende como actividades de transición para alcanzar una economía descarbonizada en 2050.

A este respecto, los eurodiputados contrarios han reconocido el rol de la nuclear y el gas de cara a garantizar la estabilidad del suministro energético durante la transición, pero también han defendido que eso no significa que respeten los criterios medioambientales de las actividades económicas sostenibles.