España es la potencia ambiental de Europa. Es el país con mayor biodiversidad, y cuenta con protección, a través de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, para hasta el 27% del total del territorio, bien por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 18%. España cuenta con 16 parques nacionales e infinidad de espacios de protección distribuidos en zonas de especial protección para aves, reservas naturales, parques regionales y otras figuras de protección. En total, el 12% de la superficie terrestre española está sujeta al reconocimiento como Reserva de la Biosfera, otorgado por la UNESCO. España cuenta con decenas de especies vegetales y animales endémicas, que sólo viven en España, y de las cuales al menos diez se encuentran en grave riesgo, pese a los avances producidos en algunas de estas especies, como el Lince Ibérico.

En materia de superficie forestal arbolada, y pese a los incendios que asolan el territorio cada vez en períodos más largos del año, supone el 29% del territorio nacional, y no ha dejado de crecer en las últimas décadas. De hecho, pese a lo dramático de muchos de estos incendios forestales, que logrados en 2022 su máximo de todo lo que va de siglo (310.000 hectáreas arrasadas), estamos lejos de los datos de los año 80, cuando en 1985 ardieron en España 484.000 hectáreas, o en 1994, cuando ardieron 410.000 hectáreas.

La protección del entorno no es suficiente. España tiene todavía un reto importante en materia de protección de las áreas costeras y marinas, donde sólo un 12% está sometido algún tipo de protección, frente al objetivo marcado, para el año 2025, de alcanzar el 25% de total del litoral. El objetivo de una mayor protección choca con los intereses urbanísticos propios del atractivo turístico de la costa, particularmente en el Mediterráneo, donde hemos visto episodios esperpénticos como el caso del hotel Algarrobico en Carboneras -Almería- que sigue en pie, pero sin utilizar, pese a las sentencias judiciales.

Pese a todo este patrimonio natural, España es, de acuerdo con las estimaciones de la Unión Europea, el país de la Unión Europea con mayor riesgo de ser afectado por los efectos negativos del cambio climático, que incluye olas de calor, fuertes tormentas y temporales, inundaciones y sequías prolongadas, hasta tal punto que puede distorsionar gravemente el normal desempeño económico y social del país. Dadas nuestras características climáticas y orográficas, estudios recientes señalan que España será uno de los países donde las temperaturas suban más rápidamente, con un mayor grado de aridez y con sequías diez veces peores que las actuales.

Si hay sequía, el uso del agua va a convertirse en uno de los caballos de batalla en el futuro. De acuerdo con informes de la organización WWF, el 75% de la población se verá sometida a stress hídrico, afectando gravemente a nuestra economía y sociedad. El 75% de nuestro territorio está en riesgo de desertización, en un país donde el 80% del agua se destina a los cultivos de regadío, que serán inviables si no se gestiona adecuadamente el agua de hoy y de mañana. Ni que decir tiene que la ausencia de agua afectará también al turismo, nuestra principal fuente de divisas internacionales. Nadie quiere irse de vacaciones a un lugar con restricciones de agua y piscinas vacías. El coste económico de un cambio climático descontrolado se sitúa, de acuerdo con estimaciones de aseguradoras, en el entorno del 10% del PIB. El coste de la pandemia, pero de manera permanente.

Con estas condiciones, España debería ser el país de la Unión Europea más comprometido en la lucha contra el cambio climático. Nuestro Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) mantiene el compromiso de reducir nuestras emisiones un 32% desde las cifras de 1990 al año 2030, en línea con el objetivo de decarbonización de hasta un 55% entre 2020 y 2030 para toda la Unión Europea. El proceso de descarbonización está en buena medida financiado por los fondos Next Generation, pero también por el sector privado, que ha vuelto a situar a España como uno de los diez países más atractivos en materia de inversión en energías renovables.

Subsisten retos importantes en el proceso de descarbonización. En primer lugar, los propios efectos de la transición, que debe ser justa y rápida. De acuerdo con el Observatorio de Transición Justa, el 20% de la población tiene miedo a que la transición justa afecte negativamente a su empleo, y hasta un 17% de la población se sitúa en posiciones reactivas. La concienciación sobre el proceso de transición justa es todavía escasa: sólo un 51% de la población afirma conocer adecuadamente el concepto de transición justa. Esta transición justa debe tener en cuenta los efectos negativos de la transición para un porcentaje no menor de la población, que puede hacer descarrilar los esfuerzos de cambio. España debe atender, de manera estratégica, a las resistencias al despliegue de las energías renovables en el territorio, en muchos casos justificadas; debe facilitar la transición de la agricultura hacia modelos más sostenibles, y debe facilitar la reordenación urbanística y el fomento del transporte público para reducir el coste social de las áreas de bajas emisiones. También debe incentivar más efectivamente los esfuerzos por la eficiencia energética y el establecimiento de mecanismos de economía circular. En definitiva, los planes de avance en materia ecológica y ambiental no se pueden construir al margen de su impacto social.

España ha avanzado mucho en establecer las bases de esta transición justa, pero los esfuerzos desarrollados se han centrado, hasta el momento, en las zonas afectadas por la minería y las centrales de carbón. Quedan muchos sectores a los que atender, desde la agricultura hasta la industria automovilística. El horizonte del PNIEC supone la creación de hasta 360.000 nuevos empleos hasta 2030, pero, como ocurre con la transición digital, el problema no es el resultado neto, sino cómo organizamos la transición de unos empleos a otros. Ese es el reto estratégico que tenemos por delante. La alternativa es la negación de los problemas por un puñado de votos poco informados, la barra libre de recursos y consumo, y la destrucción, a medio plazo, de nuestra economía y nuestra sociedad. Los partidos políticos que se presentan a las elecciones deberían tomarse muy en serio estos desafíos, y los votantes tener estos elementos en cuenta a la hora de decidir a quien votar el 23 de Julio.