El pasado 16 de Febrero, el Fondo Monetario Internacional hacía público su informe sobre la situación de la economía española. El informe del FMI se corresponde con las denominadas consultas de Capítulo IV, por el que los equipos del Fondo realizan un estudio sobre la situación de la economía de los países miembros para su examen en el marco del directorio ejecutivo de la organización, quien emite una serie de valoraciones y recomendaciones. Si bien el FMI no utiliza este mecanismo para establecer ningún tipo de condicionalidad, los informes de capítulo IV suelen ser útiles para comprender la situación en la que se encuentran las economías y permiten priorizar aquellos aspectos que los gobiernos deben poner bajo su atención.

Así, en España, durante los últimos años previos a la crisis, el FMI insistió en la dualidad del mercado laboral, la sostenibilidad de las pensiones y la persistente desigualdad económica y social. Sus recomendaciones no son preceptivas pero sí contribuyen a generar un estado de opinión sobre las reformas que se deben acometer.

En el caso de la Unión Europea, y particularmente de la eurozona, los análisis del Fondo son complementarios a los desarrollados por los servicios de la Comisión Europea en el marco de la gobernanza económica, ahora reforzados por la condicionalidad asociada a la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es decir, en nuestro caso, importa más lo que opinen los técnicos de la Comisión que lo que opinen los técnicos del FMI.

En cualquier caso, el informe de este año valora muy positivamente la respuesta de política económica española frente a la pandemia y, con particular relevancia, los esfuerzos desarrollados para lograr una campaña de vacunación exitosa, que ha tenido importantes efectos económicos. El informe reconoce también la robusta recuperación del empleo, pero alerta sobre los riesgos y las incertidumbres que siguen afectando a una economía que todavía no ha recuperado los niveles de producción previos a la crisis. El Fondo sigue apostando por mantener una política de apoyo a la economía mientras no se logre la plena recuperación y esta no esté completamente arraigada, al tiempo que plantea algunas de las líneas que deben guiar las orientaciones de política económica en el medio y largo plazo.

Entre los elementos sobre los que llama la atención, el FMI insiste en la necesidad de mantener un marco fiscal robusto a largo plazo, que permita ir generando nuevo espacio fiscal para nuevas eventuales adversidades, al tiempo que se apuesta por reducir la deuda, y establecer objetivos creíbles de consolidación fiscal en el medio y largo plazo, mientras se garantiza un apoyo a los sectores más golpeados y a las personas más vulnerables. La fórmula que propone el FMI es revisar la presión fiscal, particularmente en el ámbito de aquellos impuestos que, de acuerdo con el fondo, tienen capacidad de generar ingresos sin distorsionar el crecimiento, como los impuestos al consumo o los impuestos verdes.

En el medio plazo, el Fondo alerta también sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Es un elemento ya recurrente en cualquier análisis de la economía española, pues a juicio de muchos de los analistas externos, las decisiones tomadas hasta el momento no son suficientes para lograr esta sostenibilidad y pueden tensionar las finanzas públicas y la cohesión social en el medio y largo plazo.

El tercer elemento que ha sido motivo de preocupación en los últimos años ha sido la situación del mercado laboral. Pese a la fuerte tendencia al alza en la creación de empleo, España mantiene todavía altas tasa de paro en términos comparados con el resto de la eurozona, y sus niveles de temporalidad y parcialidad no deseada siguen siendo muy altos, especialmente entre los más jóvenes. El Fondo saluda la reciente aprobación de la reforma laboral y su nivel de apropiación por parte de los agentes sociales, si bien insiste en la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas activas de empleo y la formación y la educación de las personas trabajadoras.

Finalmente, el Fondo reconoce los esfuerzos enmarcados en el Next Generation y los efectos positivos que puede generar en la economía de nuestro país, sobre todo en lo relativo a las políticas e inversiones climáticas y digitales.

Como conclusión, el FMI está reconociendo importantes avances en la gestión de la política económica de España, con algunos pasos importantes para atajar algunos de nuestros principales problemas estructurales: desempleo, productividad, reforma fiscal. Queda pendiente, como principal escollo para despejar el crecimiento de nuestra economía y medio y largo plazo, seguir profundizando en una reforma de las pensiones que, posiblemente, sea la reforma más difícil de realizar y la que va a tener más coste político. Si España es capaz de terminar de enfocar adecuadamente esta reforma, ejecuta los fondos Next Generation maximizando su impacto sobre la productividad -y no sobre la capacidad de absorción- y ofrece un marco fiscal creíble e inclusivo para los próximos años, habremos dado pasos de gigante para garantizar una década de cierta tranquilidad en el ámbito del crecimiento económico con mayores grados inclusión y estabilidad.