Los sindicatos están denunciando una circunstancia que se está convirtiendo en una práctica habitual entre las empresas españolas. Se trata de devolver los beneficios recibidos por acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a través del abono de las cuotas que han dejado de pagar, para poder despedir cuanto antes.

La segunda ola de contagios ha tenido un fuerte impacto en la economía y en la actividad productiva, especialmente en el sector servicios, por las restricciones de movilidad o incluso el cierre de la hostelería y la actividad comercial no esencial en algunos territorios.

Una de las cláusulas de los ERTE era que las empresas que se acogieran a esta medida tenían que comprometerse a no despedir a sus trabajadores, al menos, en los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad. Es decir, ni durante el ERTE ni durante seis meses después las empresas podían despedir a sus trabajadores.

Sin embargo, la cláusula pierde validez en el caso de que las empresas devuelvan las exoneraciones de las cuotas sociales, es decir, que abonen las cotizaciones sociales que han dejado de hacer durante su periodo en ERTE. Esto es lo que están haciendo ya muchas empresas para poder despedir a parte de su plantilla y así, poder paliar la crisis económica, según explican los sindicatos.

UGT: "Avalancha de despidos"

"Estamos viendo como muchas (empresas) han comenzado a reembolsar a la Administración el coste del ERTE para proceder al despido, después de ver que no es viable la empresa por el largo periodo que lleva en esa situación", explicaba este miércoles Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que ya avanza una "avalancha de despidos". 

Además, según afirma El Español, también CCOO desvela que las empresas están devolviendo las cuotas de los ERTE para poder despedir lo antes posible. Desde CCOO se mantienen prudentes y consideran que es pronto anunciar una avalancha de despidos: “Habrá que ver cómo evoluciona la vacuna y la confianza que pueda generar”.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconocen que la situación no es alarmante ni han detectado esta circunstancia, según avanza el medio.