El Ministerio de Trabajo y Economía Social, comandado por Yolanda Díaz, ha decidido mantener los incentivos a la contratación laboral, aunque con diversas modificaciones y la introducción de requisitos que, en caso de incumplimiento, obligarían a las empresas a devolver las ayudas recibidas, recargo e intereses añadidos. Así lo confirmo la también vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Los requisitos para recibir las prestaciones y mantenerla son dos: no deslocalizar la empresa y mantener el empleo un mínimo de tres años.

Concretamente, aquellas empresas que decidan trasladar su actividad industrial, productiva o de negocio fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, es decir, deslocalicen la compañía con dirección a un paraíso fiscal para pagar menos impuestos; deberán devolver los incentivos económicos recibidos. Así, las compañías infractoras tendrán que reintegrar a la Seguridad Social el montante de las bonificaciones percibidas durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. Igualmente, tendrán que reintegrar las subvenciones públicas obtenidas en materia de contratación y empleo.

Otro de los requisitos exigidos por Trabajo para la percepción de ayuda es la duración de los contratos realizados y por los que se recibe la bonificación. De hecho, deberán mantener el empleo durante, al menos, tres años de duración. Con esto, Díaz fomentar la estabilidad del empleo, de forma que deja de "premiarse" la contratación temporal, salvo para los contratos de sustitución ligados a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Al mismo tiempo, el Real Decreto-ley permitirá que puedan ser incentivadas las medidas acordadas en los convenios colectivos que incluyan compromisos como el mantenimiento o el incremento del empleo, la conversión de contratos formativos o de relevo en indefinidos o la mejora del empleo indefinido a tiempo parcial o fijo-discontinuo en empleo indefinido a tiempo completo u ordinario.

Fomentar el empleo en los sectores más castigados

Los trabajadores más beneficiados serán los pertenecientes a colectivos vulnerables o de baja empleabilidad, como parados de larga duración, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Así, la ministra de Trabajo ha puesto fin en la anterior situación en la que, como aseguraba tras el Consejo de Ministros, las personas más beneficiadas por los incentivos eran las que estaban en mejor posición en el mercado laboral en lugar de a las más vulnerables.

Con esta norma, que entrará en vigor en septiembre, se corrige esta situación, se adapta el sistema de incentivos al marco contractual de la reforma laboral y desaparecen "definitivamente" las reducciones de cotizaciones. Ejemplo de la nueva senda es la contratación de jóvenes menores de 30 años no cualificados, que estará bonificada con 275 euros al mes. Esto beneficia tanto a la persona contratada, que encuentra un trabajo con una duración mínima de tres años, lo que le permite avanzar en el resto de aspectos de su vida, como a la empresa contratante que, además de engrosar su plantilla, recibe bonificaciones.

También se contemplan bonificaciones para impulsar el autoempleo y la economía social, permitiéndose la capitalización de la prestación por desempleo, como medida de fomento del empleo, tanto para las sociedades laborales como para las cooperativas, posibilitando que los trabajadores por cuenta ajena puedan adquirir la condición de socios trabajadoras o de trabajo.